El acuerdo alcanzado ayer entre PSOE e IU-ICV para garantizar la responsabilidad del Estado en la búsqueda de fosas de desaparecidos del franquismo no implica una reforma de la Ley de la Memoria Histórica, aunque sí se velará por su efectivo cumplimiento potenciando la acción de la Oficina para las Víctimas.
IU-ICV y el grupo socialista acordaron una enmienda de sustitución a la moción consecuencia de interpelación presentada por la formación de izquierda por la que, entre otras cuestiones, se insta al Gobierno a garantizar la responsabilidad pública e institucional en las labores de búsqueda y exhumación de fosas de víctimas.
El diputado de ICV, Joan Herrera, y el portavoz socialista en la Cámara, José Antonio Alonso, explicaron en sendas ruedas de prensa los términos del acuerdo, con el que se pretende restituir la memoria de las víctimas y ayudar a las familias a la recuperación de los restos de los desaparecidos.
Herrera dijo que la moción insta al Gobierno a hacer las reformas normativas necesarias para garantizar esa responsabilidad pública en la localización de fosas, cambios que, según añadió, afectarían a los artículos 11 al 14 de la Ley de la Memoria Histórica.
No obstante, fuentes del Gobierno subrayaron posteriormente que el acuerdo no im-plica una reforma de la Ley de la Memoria, ya que se puede garantizar su efectivo desarrollo a través de la Oficina para las Víctimas, cuya labor se quiere potenciar, tal y como sostiene la enmienda acordada.
Lo que habría que reformar, por tanto, es la orden que regula dicha Oficina para catalizar su acción y velar así mejor por el cumplimiento de la Ley que no debería modificarse.
La enmienda acordada también recuerda que el ordenamiento jurídico español "obliga de modo indudable y suficiente a la persecución de los crímenes contra la humanidad y de genocidio" aunque se deja claro que su interpretación es competencia de jueces y tribunales. Con ello se pretende evitar que la investigación de los delitos cometidos durante el franquismo pueda ser criminalizada.