En la recta final de la negociación del modelo de financiación, las autonomías, más celosas y recelosas que nunca, hacen valer lo que las distingue, sus "hechos diferenciales", porque todas quieren sacar la mejor tajada de los 9.000 millones adicionales que propone el Gobierno. Así se lo están haciendo saber los presidentes autonómicos a la vicepresidenta económica, Elena Salgado, en la ronda de contactos que inició el día 1 con los de Castilla-La Mancha, José María Barreda, y Galicia, Alberto Núñez Feijóo.

Desde algunas autonomías se exhibe la mala financiación per cápita del actual sistema y la necesidad de compensarlo, mientras que otras apelan a la insularidad, la dispersión, el envejecimiento, la población escolar, la lengua o el aumento de población y hasta salen a relucir las deudas históricas, coincidentes en muchos casos.

Bien claro lo dijo el presidente de Asturias, Vicente Álvarez Areces, para quien es "legítimo" que cada una "trate de enfatizar aquello que crea que le beneficia".

Antes de sumarse al acuerdo, Asturias, según Areces, necesita "más concreción" en la propuesta del Gobierno y que las cantidades, "en términos absolutos y relativos", respondan a los deseos de su Ejecutivo.

Éste es un rasgo común en todas las autonomías, nerviosas a estas alturas del partido por no conocer las cifras concretas que, una vez diseñados los parámetros y su ponderación, les corresponderán.

Cataluña, que de alguna manera ha obligado a revisar todo el modelo por su nuevo Estatuto que impone al Estado la cesión del 50% del IRPF e IVA y el 58% de los impuestos especiales, no ha revelado qué cantidad reclama, pero ha rechazado algunas de las apuntadas, como 2.000 millones.

Canarias, 500 millones

De las pocas comunidades que descubren sus cifras, Canarias reclama un incremento de 500 millones de euros, que amplía hasta los 890 si finalmente se cuenta con esos 9.000 millones más. La Comunidad Valenciana considera que debe recibir 1.200 millones más por la actualización de la financiación, a los que suma otros 2.340 por el aumento de población.

Baleares cree que el actual sistema es "letal" porque la sitúa 21 puntos por debajo de la media de financiación y exige estar en la media, aunque mantenga "con total entrega" su solidaridad.

Andalucía reclama que prevalezca el criterio de la población y que se pondere la edad escolar al menos en un 20%, aunque la Junta ya ha reconocido que no va a ser la que más gane, pero con este cambio lograría el 18,7% de los recursos.

Núñez Feijóo salió desconcertado de su entrevista con Salgado, pues un día antes, en su encuentro con el vicepresidente territorial, Manuel Chaves, éste aceptó las variables propuestas, como un aumento en la ponderación del envejecimiento, la dispersión, la emigración y la lengua, lo que no fue ratificado por la vicepresidenta.

También está a la defensiva, e incluso puede votar en contra, Extremadura, como ha anunciado su presidente, Guillermo Fernández Vara, si el modelo alude "al distinto esfuerzo fiscal" de las autonomías o cambia su posición en la financiación per cápita.

La Comunidad de Madrid aguarda la llamada de Salgado con la esperanza de que el nuevo modelo reconozca el incremento de la población de la región, 1,3 millones de habitantes, toda vez que el texto remitido por el Gobierno en diciembre es ambiguo y "deja muchas cosas en el aire".