El Ayuntamiento de La Laguna redoblará esfuerzos contra las heces de los perros. Después de una acción llevada a cabo a mediados del pasado año en la que participaban dos agentes de paisano, ahora trabaja en una nueva iniciativa en la que contará con ocho efectivos policiales que tampoco irán uniformados.

Según explicó el concejal de Seguridad Ciudadana, Jonathan Domínguez, desde el consistorio habían solicitado autorización formal a la Subdelegación del Gobierno para que les autorizasen que los policías pudiesen ir de paisano. "Las autorizaciones ya llegaron y este mes se van a asignar de manera oficial los agentes que van a prestar este servicio", manifestó el nacionalista.

La idea es que los policías se vayan alternando entre plazas y parques del municipio y que la actuación se prolongue durante varios meses, mientras que en el caso estival fue de alrededor de un mes y medio. "Entendemos que la vigilancia policial con las cacas de los perros necesita de un complemento, que es una campaña de concienciación que no se había hecho hasta ahora", apuntó Domínguez sobre otra de las novedades previstas.

"Con el cambio de gobierno hay una situación estratégica: por primera vez, el área de Seguridad Ciudadana y la de Sanidad están bajo la misma dirección política, bajo el mismo concejal", destacó sobre las posibilidades que se abren en el escenario actual. "Antes estaba el área de Sanidad por un lado y la de Seguridad Ciudadana por otro, y eso hacía que cada una tuviera unas prioridades en su trabajo", prosiguió, y añadió que, si bien la tarea no era "mala", faltaba una mayor labor común.

Jonathan Domínguez detalló que, desde finales del pasado mes, se han venido dando pasos para buscar una solución a problemas de personal en la Unidad Ecológica, así como a circunstancias logísticas en el área de Sanidad. El objetivo: lograr un sistema "mucho más fluido de información". "La Policía Ecológica es la que denuncia, pero la que instruye y sanciona es Sanidad, y se estaba dando la circunstancia de que la policía actuaba y después, cuando llegaba a Sanidad, esta no lo tramitaba porque no tenía recursos humanos", agregó el edil.

Con motivo del proyecto de hace unos meses, el concejal indicaba que el paso lo habían dado por las quejas ciudadanas y, en particular, de algunas asociaciones de vecinos con respecto a la cantidad de excrementos de animales acumuladas en aceras, plazas y parques. "Es una cuestión de incivismo puro y duro. Los perros no tienen la culpa, porque son animales, pero los propietarios, sí", opinaba por entonces el responsable local de Seguridad. Este aportó el dato de que hubo un tiempo en el que los agentes estuvieron haciendo apercibimientos en vez de denuncias y que se llegaron a registrar 207 amonestaciones en el período entre 2016 y 2018.