La denuncia del Partido Socialista (PSOE) por la que la Fiscalía Provincial ha pedido al Juzgado Decano de La Laguna que investigue al alcalde de El Rosario, Escolástico Gil, ha puesto de relieve una llamativa encrucijada en la que se vieron 19 ayuntamientos canarios a finales del pasado año. Estos tenían 10 días para aprovechar -o dejar pasar- una subvención del Gobierno de Canarias para gastos de material didáctico de las escuelas infantiles.

Esa situación la avanzaban el lunes desde el consistorio rosariero a través de un comunicado, en el que Gil llegaba a añadir que "otros ayuntamientos, incluidos algunos de gobierno socialista, sí pudieron haber incumplido la Ley de Contratos del Sector Público". Esa tesitura se desprende también de la orden en la que la consejera de Educación del Ejecutivo regional declara justificado el pago del 100% de las ayudas, un documento al que ha tenido acceso EL DÍA.

En ese escrito autonómico aparece que las aportaciones fueron concedidas el 20 de diciembre de 2017 y que la contratación se podía realizar hasta final de año. En total, treinta y seis ayuntamientos recibieron subvenciones, si bien las complicaciones se daban para aquellos que percibieron más de 18.000 euros, que es el límite para un contrato menor de servicios y suministros en la ley anterior, por la que se regían estas ayudas. Es lo que les ocurría a diecinueve consistorios. Concretamente, el problema residía en que disponían de apenas una semana para celebrar el concurso, mientras que las vías alternativas eran el fraccionamiento en contratos menores -por lo que ha sido denunciado Escolástico Gil- o devolver los fondos, lo que solo hizo Adeje (también Arico, pese a que solo contaba con 14.459,9 euros, que hubiese permitido suscribir un contrato menor).

El Rosario realizó un contrato menor (17.998,46 euros) y devolvió el resto del dinero (31.873,44); de ahí que plantease el lunes que no hubo fraccionamiento. En un importe similar -y reintegro de la cantidad sobrante- se encuentran El Paso y Agüimes (17.427,29 y 17.999,71, respectivamente), San Miguel destinó justo 18.000 y Granadilla gastó por debajo. En cambio, Valsequillo, Mogán, Tacoronte, Güímar, Santa Lucía, Arona, Ingenio, Puerto del Rosario, Los Llanos de Aridane, La Orotava, La Oliva, Guía de Isora, Breña Alta y Gáldar superaron el citado tope. Entre ellas hay localidades con alcaldes de la formación de la rosa -a la que pertenece Estévez-, como Arona (José Julián Mena) y Guía de Isora (Pedro Martín, que, además, es secretario general del partido en Tenerife).

Fuentes conocedoras del funcionamiento de la administración local señalaron ayer, al ser consultadas al respecto, que los escenarios "a priori" en esos ayuntamientos son el levantamiento de reparos -como en El Rosario- o bien que interventores y secretarios hayan dado el visto bueno (un extremo que consideraron difícil por, en apariencia, existir fraccionamiento) o que no hubiese fiscalización.

Estévez: "El fiscal vio el caso y lo ha remitido"

El líder del PSOE en El Rosario, José Antonio Estévez, señaló ayer que, más allá de otras consideraciones, "está claro que el fiscal lo ha visto y lo ha remitido" al juzgado. "Si él conoce que hay otros ayuntamientos que han hecho lo mismo, está tardando en ponerlo en conocimiento de la Justicia", señaló sobre lo planteado por el alcalde, Escolástico Gil. "Y da igual que sean de mi partido o no", expresó más adelante. En otro sentido, apuntó que le parece "increíble" el corto plazo que dio el Gobierno de Canarias para la subvención. "Hay muchos más indicios de otras cosas", indicó Estévez, que también lamentó que está esperando por algunos expedientes.