El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha rechazado la recusación formulada por los denunciantes del caso Grúas para apartar a su presidente, Antonio Doreste, de la Sala que ha de decidir si en la instrucción de ese procedimiento se imputa o no al presidente Fernando Clavijo.

En un auto de dos folios, la Sala de lo Penal, presidida en esta deliberación por César José García Otero en sustitución de Doreste, falla que la recusación ha sido presentada fuera de plazo.

Los denunciantes del caso, Unidos Podemos y Por Tenerife-Nueva Canarias sostenían que el presidente del TSJC tiene "vínculos" con Coalición Canaria (CC) y le acusaban de haber participado en un "intento de mantener los privilegios de aforamiento", al emplazar a la Fiscalía que informase con urgencia sobre la posible imputación de Clavijo, cuando estaba a punto de entrar en vigor el nuevo Estatuto.

Los dos grupos de la oposición en el Ayuntamiento de La Laguna apoyaban sus afirmaciones sobre las relaciones con CC que achacan a Doreste en algunos cargos desempeñados por el magistrado en el pasado, como el de consejero de Industria del Gobierno canario en 1990 o el de miembro del Consejo Consultivo de Canarias en 2002.

También aludían al contenido de las conversaciones que el juez apartado de la carrera judicial Salvador Alba le grabó.

La Sala responde a los denunciantes que tenían un plazo de diez días para alegar todas las cuestiones que consideren oportunas y que, fuera de plazo, han expuesto asuntos conocidos desde hace tiempo, no que hayan descubierto tras el periodo que se les concedió. En cuanto a los cargos políticos de consejero del Gobierno canario y miembro del Consultivo, el TSJC recuerda que Doreste los asumió hace 28 y 15 años, respectivamente.

Respecto a las grabaciones de Alba, subraya que fueron "ampliamente publicadas por los medios de comunicación hace 4 meses y 17 días", cuando transcendió que ese juez acusaba al presidente del TSJC de presionarle para favorecer al empresario Miguel Ángel Ramírez (acusación archivada).

Por ello, rechaza la recusación por la vía de no admitirla a trámite, ya que la encuentra fuera de plazo.

Por su parte, el secretario general de CC, José Miguel Barragán, ha negado que el Gobierno esté tratando de presionar de algún modo a jueces o fiscales por el caso Grúas, y dejó claro que tanto Fernando Clavijo como el partido únicamente están pidiendo a la Fiscalía que emita su informe sobre la imputación o no del presidente canario.

Así lo ha señalado en declaraciones a los medios a raíz de que la Asociación de Fiscales, la Unión Progresista de Fiscales y la Asociación Profesional de la Magistratura hayan criticado las "insinuaciones" de Barragán y que no van a tolerar "presiones" ni "intromisiones" de otros poderes.

El afectado indicó que estas tres asociaciones dan a entender que esto es un conflicto entre el Gobierno como método de presión hacia la judicatura y "nada más lejos de la realidad: Nosotros no tenemos nada que opinar sobre la independencia judicial o de la Fiscalía; aquí de lo que estamos hablando es de la tutela efectiva del derecho a la defensa que tienen las personas".

PSOE

El portavoz del grupo Socialista, Gustavo Matos, acusó a CC de "enfangar de manera irresponsable" la justicia por el proceso del caso Grúas.

Ciudadanos

El portavoz regional de Ciudadanos (Cs), Mariano Cejas, criticó que José Miguel Barragán ponga en duda la independencia judicial en las islas.

Por Tenerife-NC

El líder de XTF-NC en Aguere, Santiago Pérez, se desentendió de la recusación y dijo que ni su partido ni su letrada la ha formulado, sino Unidos Podemos a través del letrado Pedro Fernández Arcila".

USP

El portavoz de USP, Rubens Ascanio, consideró "llamativa" la respuesta del TSJC, ya que reconoce "los vínculos existentes con CC".

El presidente del Gobierno regional, Fernando Clavijo (CC), defendió ayer que el retraso que acumula la Fiscalía en emitir su informe sobre si considera o no que en el caso Grúas existe algún indicio que lo incrimine "no es inocuo", sino que le está ocasionando un daño en sus derechos. "Yo no conozco muchos casos en los que el juez haya llamado la atención a la Fiscalía hasta en tres ocasiones para que emita un informe (...) Le dieron un último plazo de 5 días, pero han pasado 7 semanas y seguimos sin nada", dijo ayer en una entrevista concedida a RNE.

Preguntado por las protestas de las asociaciones de fiscales ante sus declaraciones y las de su consejero de Justicia, José Miguel Barragán (CC), Clavijo se ha reiterado en su afirmación de que el proceder de la Fiscalía en el caso Grúas es "impropio", porque está incumpliendo de forma reiterada los plazos que sí tienen que respetar el resto de los ciudadanos cuando acuden a la Justicia.

Clavijo subrayó que las posibles irregularidades en la gestión del servicio de grúas de La Laguna durante su etapa como concejal y alcalde no han sido denunciadas por la Fiscalía, ni se han investigado por iniciativa de un juez, sino a petición de dos partidos políticos: "Podemos y Nueva Canarias con Santiago Pérez".