Sesión plenaria tensa en el Ayuntamiento de Tegueste. El Pleno abordó ayer el polémico proyecto de construcción de una gasolinera a la entrada de Las Toscas, y terminó aprobando una batería de medidas para intentar frenarla. Hubo de todo un poco: una protesta en el exterior, debate, explicaciones jurídicas, un salón de plenos lleno, una alocución de carácter vecinal y un acuerdo unánime. Ahora bien, otra cosa es que la decisión adoptada vaya a tener un efecto práctico.

El texto que salió adelante -presentado por Sí se Puede (SsP), el Partido Socialista (PSOE) y Unid@s por Tegueste (UxT)- recoge como punto uno declarar de interés general "de primer orden" la protección de la calidad de vida de los vecinos y considerar el "grave daño medioambiental" de la gasolinera. A continuación insta al alcalde a que requiera al área insular de Carreteras un nuevo trámite de información pública, "dado que el efectuado con anterioridad es contrario a derecho", y pide recabar un informe sobre la adecuación del proyecto a la normativa sectorial.

El siguiente acuerdo resultó de una enmienda (que el alcalde se dirija a los técnicos municipales para que informen si procede iniciar la "revisión de oficio o de lesividad" de la licencia). Por su parte, los restantes aspectos de la prolija iniciativa versan sobre los trámites para la elaboración de una ordenanza de actividades clasificadas que establezca una distancia de 100 metros entre los negocios molestos y los núcleos urbanos y asentamientos rurales, la incoación de una modificación del Plan General fijando una moratoria de los surtidores hasta que exista "un mayor control" en su ubicación, pedir al Gobierno de Canarias que la tramitación de estas actividades se someta a estudio de impacto ambiental, y constituir una comisión municipal con un representante de cada grupo para supervisar el cumplimiento del resto de acuerdos del texto.

Las formaciones también determinaron añadirle una apostilla a la mayoría de puntos: "Si esta medida es conforme a derecho". El motivo no es baladí: la empresa cuenta ya con licencia y cualquier paso en falso bordearía, o se introduciría de lleno, en el terreno de la prevaricación. En esa línea fueron los planteamientos del alcalde, José Manuel Molina, que insistió en que los informes jurídicos no recogen ningún argumento para revocar el permiso ya otorgado. "Sepan que es el mismo delito dar una licencia con informe negativo que no darla con informe positivo", argumentó, y recordó que la revocación supondría hacer frente a unas consecuencias indemnizatorias.

Así pues, Molina planteó que ese último extremo debe salir de un acuerdo plenario, mientras que Juan González (PSOE) sostuvo que esa competencia corresponde al alcalde. Ante esa propuesta del regidor municipal, Manuel Antonio Martín (SsP) le preguntó si Coalición Canaria (CC) estaba dispuesta a apoyar la revocación en caso de una votación del arco local. No obtuvo respuesta. Además de poner ahí al nacionalista entre la espada y la pared, Martín también criticó que no hubiese habido "la más mínima información" a los residentes sobre "lo que se les venía encima".

El concejal de San Luis-Las Toscas, Heliodoro Hernández (CC), expresó otro de los planteamientos llamativos de un debate largo y bastante técnico por momentos. Pese a que la empresa ha cumplido con numerosos trámites -mucho antes de que los vecinos tuviesen conocimiento del proyecto-, Hernández aseguró que se enteró de este "en el mismo momento en que casi todo el mundo" y que era para él "doloroso" que los estuviesen acusando de esa falta de transparencia.

las claves

La gasolinera cuenta con licencia después de unos trámites prolongados en el tiempo. Los vecinos del núcleo de Las Toscas han conocido en fechas recientes el proyecto y han decidido salir a la calle.

El debate que se ha generado oscila entre los problemas de legalidad de tumbar la licencia y la transparencia o no del gobierno teguestero.