"Las autorizaciones de ocupación de costa son competencia de la Dirección General de Costas. Esta corporación lo único que puede hacer es responder a las solicitudes de informes desde Costas. Y en ese momento incluso podemos tener una prioridad sobre la concesión". Así se manifestó el miércoles la concejala de Servicios Municipales del Ayuntamiento de La Laguna, Mónica Martín, sobre dos de las tres piscinas privadas en las que, en marzo de 2017, el consistorio acordó dar pasos para pedir que fuesen públicas.
La edil socialista, que añadió que hasta hoy no ha habido "ningún requerimiento" a ese respecto por parte de Costas, respondió de esa manera a una pregunta que le formuló la concejala de Unid@s se Puede, Idaira Afonso. En concreto, esta se refería a "qué información puede facilitar el ayuntamiento acerca de la solicitud de recuperación de las concesiones de las piscinas del Altagay y Charco de La Arena -especialmente esta última-, así como herramientas que garanticen el acceso a la misma a toda la ciudadanía".
Todo esto llega después de que en marzo del pasado año se adoptase un acuerdo plenario sobre esas dos infraestructuras -ubicadas en la Punta del Hidalgo- y la del Club Náutico de Bajamar: "Realizar cuantos trámites legales y administrativos sean necesarios para solicitar al Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente la concesión administrativa de dichas instalaciones a favor de esta administración local, en la medida de lo posible, haciendo valer la preferencia que la normativa vigente establece en estos casos". Sin embargo, el caso bajamarero quedó fuera de la pregunta de Afonso debido a que, unos meses más tarde, consiguió renovar por un período de 15 años su concesión administrativa.
Se da la circunstancia de que, solo un día después de aquella decisión del Pleno, el hoy edil no adscrito Zebenzuí González -por entonces en el PSOE- expresó dudas de lo que se había aprobado la víspera. En particular, dijo no tener clara la viabilidad de que el consistorio asumiese esas concesiones administrativas
Ya en abril, González, que era el titular de Playas y Piscinas, esgrimió que ponerse al frente de esos tres espacios supondría un coste de 250.000 euros. "Si tuviéramos que asumir tres más, sería el doble, por lo que económicamente ahora mismo es inviable", detallaba por entonces el concejal tejinero en contraste con la situación actual, antes de precisar que se trata de unos lugares de las mismas características de los que son públicos. "Incluso, alguna de esas piscinas está más expuesta, como es el caso de la del Club Náutico de Bajamar", afirmó acerca de los daños del mar y la dificultad de mantenerlas.
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