La tramitación de los permisos para la instalación de cámaras de videovigilancia en el casco histórico de La Laguna se realizará por la vía de intentar ampliar geográficamente la autorización ya existente para estos dispositivos en el Cuadrilátero y La Trinidad. Se trata de un proyecto de la Concejalía de Seguridad Ciudadana que nació a finales del pasado año tras una propuesta del sector comercial y que, a su vez, tenía como origen los robos que en aquellos meses se produjeron en comercios.

El concejal de Seguridad, Jonathan Domínguez, explicó que la intención es aumentar, "con un mínimo de cuatro cámaras más en determinados puntos del centro", las ocho que ya están instaladas en la zona de ocio nocturno. "Estamos iniciando los trámites para esa gestión", manifestó, en declaraciones a este periódico, el político nacionalista acerca de un proceso que, inicialmente, se iba a llevar a cabo mediante la fórmula de un nuevo permiso.

Su asistencia al Salón Internacional de la Seguridad (Sicur) le sirvió, entre otras cosas, para recibir el consejo de que suele ser más rápido "explorar la posibilidad de ampliar". Esa petición se justificará con el nivel cuatro antiterrorista que continúa activo, que la ciudad es Patrimonio de la Humanidad, la "muy importante" atracción de turistas por parte de esta zona y, además, con la situación de robos en los negocios del casco antiguo.

Como se recordará, hasta diciembre se produjeron siete atracos con el mismo "modus operandi" en el centro y sus alrededores: utilizar tapas de imbornales para romper los escaparates y colarse en el interior de los locales. Aquello dio lugar a un encuentro en el que estuvieron el presidente de la Mesa de Comercio, Alejandro Conrado; el gerente de Alapyme, Julián González, y varios de los empresarios afectados. También se acordó por entonces dificultar la retirada de las tapas a través de bisagras u otros sistemas, para lo que el área de Obras tenía previsto encargarse de hacer un estudio.

"Creemos que las cámaras de seguridad, como así nos lo han manifestado responsables de la Policía Nacional, serían una herramienta muy importante tanto para ellos como para nosotros con el objetivo para garantizar la seguridad en este entorno", detalló Domínguez, antes de plantear que actualmente están en los pasos previos para realizar un trámite que, eso sí, puede tardar "unos meses o años".

Sea como fuere, el responsable de Seguridad Ciudadana abundó en que ya han pedido a la Jefatura los informes que se necesitan, así como colaboración a la comisaría de la Policía Nacional, "que también ha mostrado predisposición". Ahora queda recabar el apoyo de la Subdelegación del Gobierno en Canarias.