La denuncia que da inicio al llamado caso Grúas basa parte de su argumentación en un informe municipal "mutilado" tal y como señaló el pasado lunes uno de los dos funcionarios municipales designados para intervenir la empresa hasta la recuperación del equilibrio financiero y que se garantizara el servicio público. En concreto, del informe que cuenta con nueve folios tan solo se aportaron tres cuya lectura conduce a una conclusión errónea y distinta de la propuesta técnica realizada por los empleados públicos.

El informe manipulado, tal y como reconoce uno de los dos técnicos municipales que hicieron las veces de interventores temporales de la empresa cuando el Ayuntamiento decidió optar por la intervención de la concesión, fue "mutilado" ya que, si bien en el mismo se apunta que las prestaciones (medios materiales y humanos) a los que los pliegos obligaban al concesionario estaban sobredimensionados para la realidad del municipio, también señala claramente en los folios ocultados en la denuncia que ese hecho estuvo motivado por una situación sobrevenida que detalla hasta por seis motivos diferentes.

Así, ese informe del área de Seguridad Ciudadana fechado en febrero de 2013, indica que los motivos por los que ha caído la demanda del servicio (y por lo tanto, se produce el desequilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes y propone un ajuste de las obligaciones del concesionario) están justificadas por la peatonalización del casco, la puesta en funcionamiento del tranvía, el aumento de la capacidad de aparcamientos, la entrada en vigor del carné por puntos con la consiguiente incidencia en la conducta de los conductores, el incremento de la cuantía de las multas y su efecto disuasorio y la presencia constante del servicio de grúa que también tuvo un efecto disuasorio para los potenciales infractores.

El informe reconoce que los problemas de equilibrio financiero de la empresa venían de la mano de múltiples causas sobrevenidas "ajenas a la voluntad del adjudicatario y a la de la administración" y no por el hecho de que las obligaciones impuestas por el Ayuntamiento (en 2003) hicieran insostenible la prestación del servicio. De hecho, este informe concluye con una propuesta de "reajuste" para modificar el contrato en sus dotaciones mínimas.

La lectura completa del informe demuestra que la compleja situación económica por la que pasaba Grúas Poli, en esos momentos en manos ya de los trabajadores gruístas que asumieron su gestión, no estaba motivada por que el servicio no fuera rentable sino porque las demandas en materia de servicio de recogida de vehículos de la vía pública que necesitaba la ciudad habían cambiado. De hecho, los dos técnicos municipales que declararon el pasado lunes ante la jueza que instruye el caso apuntan que después de analizar la situación de la empresa -que llevaba meses sin pagar a los trabajadores y socios que también operaban de gruístas- concluyeron que no había desviación de fondos "sino una situación sobrevenida por la crisis".

De las declaraciones de los dos técnicos municipales que fueron designados interventores de la empresa concesionaria hasta lograr que esta recuperara el equilibrio financiero que garantizara la prestación del servicio se infiere de forma clara que la decisión del Ayuntamiento de intervenir la empresa "tenía cobertura jurídica" ya que "así se consiguieron los informes de Hacienda, Asesoría Jurídica, Seguridad Ciudadana y la Intervención municipal que también era partidaria de la intervención del servicio".

Los técnicos expresan que no hubo presiones políticas e incluso señalan en la declaración que discrepan de la posición del interventor municipal, ya que este "entendía que se trataba de la concesión de un préstamo como actividad municipal, pero no era así, se trataba de un préstamo como garantía de la intervención del servicio" y añaden los técnicos "de hecho así lo ha hecho el Estado con los peajes, que ya han caído, y para evitar rescates más perjudiciales para la Administración Pública concediendo préstamos superiores a 120.000 euros para los concesionarios de las autopistas".

En su declaración ante la jueza que instruye de nuevo el caso (que ya fue sobreseído) los técnicos municipales llegan a valorar qué hubiera pasado si, en vez de intervenir el servicio, como se decidió, el Ayuntamiento hubiera optado por el rescate del mismo y apuntan que "hubiera sido catastrófico, pues hubiera supuesto la asunción de todas las deudas, la subrogación de todos los trabajadores" y, además, otros costes para la administración "por la posible demanda patrimonial que pudiera presentar y hubiera supuesto la peor solución para los intereses generales".

Se pronuncian también los técnicos sobre la moción elevada a Pleno en Mayo de 2014 por XTenerife -partido al que en aquel momento representaban alguno de los ahora denunciantes- para que el Ayuntamiento pagara directamente a algunos de los trabajadores (y no a los socios que eran también trabajadores) y señalan que "hubiera sido injustificable" que como interventores no podían asumir "pues hubiera sido una discriminación y una arbitrariedad".

De la misma forma recuerdan ambos, sin lugar a duda alguna, que la intervención del servicio fue la mejor solución posible. Es más, se preguntan ante la juez "cuál es el problema en un servicio que se ha conseguido reequilibrar sin que haya nadie que reclame nada al ayuntamiento". Todo lo contrario la intervención del servicio no le supuso al ayuntamiento perjuicio alguno, además se cobraron intereses, el 4% sobre los 120.000 euros -que no gestionaron los trabajadores sino el Área de Seguridad Ciudadana-, se evitaron los problemas que hubiera supuesto el rescate y se ha conseguido la continuidad del servicio sin que haya un trabajador o un acreedor sin cobrar, un tributo sin recibir, cotizaciones?".

Las declaraciones de los funcionarios municipales que intervinieron la empresa confirman que la decisión de la jueza de sobreseer y archivar la causa estaban motivados, pues desmontan el contenido de la denuncia. A partir de ahora, la investigación toma el camino de la desestimación de la denuncia de los grupos municipales que lideran Rubens Ascanio y Santiago Pérez.