El Ayuntamiento de La Laguna y el Gobierno de Canarias anunciaron ayer que los inquilinos de las 119 Viviendas de San Matías recibirán ayudas al alquiler, debido a que ya han sido solventados los escollos que impedían que quienes residen en estos inmuebles propiedad de Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias (Visocan) percibiesen esos fondos.
Concretamente, el problema hasta ahora residía en que estas casas cuentan con una naturaleza jurídica diferente a la de las otras 1.002 que Visocan tiene en el municipio. La consecuencia era que los inquilinos, muchos de ellos con serias dificultades económicas, no podían beneficiarse de alquileres subvencionados por el Ejecutivo autonómico.
Según el alcalde lagunero, José Alberto Díaz, se ha alcanzado un acuerdo entre las dos administraciones implicadas. El consistorio prevé destinar un total de 332.000 euros de fondos propios entre 2017 y 2020 para ayudar a las familias que no pueden afrontar los alquileres. "Si bien esta es una cantidad aproximada, ya que en el período citado puede variar la situación económica de los inquilinos y, por tanto, las cuantías destinadas a las ayudas", recoge la nota de prensa del ayuntamiento.
Acompañado por la consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Cristina Valido, así como por la concejala de Bienestar Social, Flora Marrero, y la responsable regional de Vivienda, Pino de León, el regidor local expresó que la decisión final ha resultado tras dos años de trabajo, y puso de relieve que los vecinos han adoptado una "actitud de respeto". Junto a ello, aprovechó para insistir en que, durante los años de crisis, se construyeron viviendas sociales en La Laguna y en que no se producirá ningún desalojo debido a motivos económicos.
Por su parte, Valido celebró la colaboración, al tiempo que manifestó que también se van a revisar las condiciones vigentes de los contratos. Según los datos aportados durante la rueda de prensa de este viernes, está previsto que las familias con dificultades económicas probadas paguen una "renta mínima", que estará en torno a los 50 euros mensuales, y con la ayuda pública se completará la cuantía restante para cubrir el importe total.
"El acuerdo recoge que, a través del departamento regional de Vivienda se estudiará la posibilidad de cambiar el régimen de titularidad de las viviendas, del alquiler actual a la propiedad, para aquellas familias que abonan sus rentas de alquiler con normalidad, sin acceder a las ayudas", indicaron durante la comparecencia, la segunda esta semana con Visocan como protagonista.