Los afectados por el caso Berástegui no desisten en su intento de que les pidan disculpas públicas tras lo ocurrido en enero de 2016. Perseveró Francisco Barreto, presidente de la FAV Aguere, el pasado noviembre tras una declaración que leyó en el pleno el alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz, y que no colmó sus expectativas, y lo volvió a hacer en diciembre -junto a Bruno Barreto y Daniel Plasencia- a través de un escrito. Desconocido hasta ahora, este iba dirigido a la Junta de Portavoces y pedía elevar el asunto a una sesión plenaria.
Este lunes, ese último foro abordó por segunda vez el texto, después de que a finales de año lo dejase pendiente de un informe de la Secretaría. Concluyen desde este órgano que pedir de forma genérica a la Junta de Portavoces no es la vía correcta, sino que se debe usar otra fórmula, como puede ser que un grupo político o el alcalde propongan la iniciativa, según fuentes consultadas.
Como se recordará, todo esto se produce después de que la líder local de Ciudadanos, Teresa Berástegui, denunciase en un pleno, y en medio del proceso electoral de la FAV, que las tres personas citadas la habían amenazado en su despacho. Aquello llevó a un manifiesto conjunto de los grupos políticos del arco lagunero, acabó en los juzgados -y fue archivado- y también salió a la luz la grabación de la conversación, sin ninguna intimidación.
El escrito presentado en diciembre abunda, entre otras cosas, en que el Pleno los condenó "sin pruebas" y que hubo un "irresponsable desprecio al principio de presunción de inocencia"; critica que la concejala los acusó de "delitos tan graves como amenazas, coacciones y violencia machista", y advierte de que tanto Berástegui como los portavoces -con sus palabras de apoyo a la edil- cometieron "sendos delitos de injurias y calumnias".
En los últimos párrafos de la comunicación, y ante las "consecuencias lógicas" que se producen por esas "viles acusaciones" y el "escarnio público" al que fueron sometidos, los Barreto y Plasencia plantean que se incorporen las "disculpas públicas" en el orden del día de un pleno como forma de restituir su "honor, buena fama y dignidad", así como que se les autorice su intervención para ser oídos en el mismo lugar "en el que fueron dañados en su honor".