El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha dado la razón a un conjunto de entidades vecinales laguneras que denunciaron el reglamento regulador de uso y gestión de los centros ciudadanos municipales, después de que el ayuntamiento no atendiese a sus quejas en relación a, sobre todo, uno de sus artículos, que pone a las asociaciones legalmente constituidas al mismo nivel que a grupos formados por un mínimo de tres personas que hagan uso de esos recintos públicos.
"No se puede permitir que un político o un partido quieran manipular un centro y lo puedan hacer", afirmó ayer Francisco Barreto, uno de los portavoces, sobre el principal temor de las organizaciones ciudadanas y motivo de la impugnación, en una rueda de prensa en la que le acompañaron Moisés Afonso y Justo Reyes, muy vinculados al asociacionismo local. Según su explicación, la circunstancia citada llevaría a que, paralelamente, en la constitución del órgano rector del centro -el consejo de centro- tendría el mismo peso una asociación consolidada que esos otros pequeños grupos compuestos por unas pocas personas, con las posibilidades que eso podría dar a formaciones políticas.
Más en detalle, el TSJC declara la nulidad de uno de los puntos del artículo nueve del reglamento a través de una sentencia categórica, en la que expone: "El Ayuntamiento de La Laguna le otorga el mismo poder de representación, y por tanto de dirección de los centros municipales, a grupos inciertos e inobjetivados (tres personas), por el hecho de que utilicen el centro, que a las entidades constituidas reglamentariamente con representación y finalidad cierta y conocida".
En el párrafo siguiente resulta aún más contundente: "Eso constituye, sin duda, un claro fraude al principio de participación asociativa que proclama el ROF y que deja entrever un claro intento del ayuntamiento de sustraer el control de los centros ciudadanos a las asociaciones". Y sigue: "Basta con que el representante municipal se ponga de acuerdo con grupitos de tres personas sin finalidad alguna, previamente concertadas, para tomar el control de cualquier centro en detrimento de las asociaciones y, si no es esa la intención del reglamento, se asemeja tanto que raya el principio de seguridad jurídica".
Cabe precisar que los desencuentros vecinales se produjeron con el hoy concejal sin área Javier Abreu (PSOE), y que las asociaciones se reunieron el miércoles con representantes municipales, que les transmitieron que van a estudiar la postura que adoptarán. Mientras, los vecinos apostarían por aprovechar los cambios para reformar otros puntos.