La Policía Ecológica de La Laguna estima que en el municipio puede haber unos 1.200 propietarios de animales potencialmente peligrosos que carecen de la licencia para la tenencia de los mismos. Cuando se les localiza, los funcionarios les dan un plazo de un mes para que regularicen su situación.

Y, en caso de incumplimiento, se denuncia, lo que puede conllevar sanciones tipificadas como muy graves, lo que lleva aparejado multas de entre 2.404 y 15.025 euros. Además, en estos casos, la denuncia puede llevar aparejada la confiscación, decomiso, esterilización o sacrificio y suspensión temporal o definitiva de la licencia para la tenencia de este tipo de fauna potencialmente peligrosa.

Este grupo especializado de la Policía Local tiene censados en su base de datos a los propietarios de unos 1.953 perros calificados como potencialmente peligrosos. "La media es de doce-trece perros al mes", precisa el oficial Tinguaro Méndez.

Y los agentes municipales siguen trabajando para la localización y denuncia de aquellos propietarios de canes a los que no se ha insertado el chip obligatorio. Su trabajo se ha puesto en valor de nuevo durante los últimos días. Si bien en los primeros meses de 2015 las agresiones de perros potencialmente peligrosos a personas o a otros canes se redujo a cero, en los últimas semanas se han registrados dos en las que ha tenido que actuar la unidad Ecológica.

La primera se produjo en la zona de Camino Tornero el pasado 14 de agosto. Tres perros potencialmente peligrosos, según parece con antecedentes por varios hechos similares, atacaron, en dos ocasiones, a otros canes. Algunos quedaron malheridos y otro murió.

La gravedad de los hechos, en este caso, ha propiciado una acción rápida, pues se está culminando un expediente sancionador por la tenencia de animales peligrosos que va a acabar con la confiscación de los animales, indica Méndez.

Y el segundo incidente se registró en el Camino Viejo de Las Mercedes. Otro perro atacó a tres mujeres en una misma semana. El tercero de los ataques pudo tener consecuencias muy graves, pues la afectada está embarazada.

También en este caso concreto había denuncias previas sobre la agresividad del can y, al igual que en los anteriores, el expediente abierto va a declarar su incautación. Lo curioso de este hecho es que el perro no está en una finca vallada, sino en una finca aledaña a una vivienda y los dueños niegan que sea de su propiedad.

No obstante, la Policía Local tiene constancia de que, al menos durante dos años, los propietarios de la parcela han dado cobijo al can.

Según recuerda Tinguaro Méndez, un total de 29 personas fueron imputadas como responsables penales por negligencias con sus animales en los últimos tres años. Sin embargo, en el primer semestre del presente ejercicio no se denunció a ninguna.

Ese tiempo, la Policía Ecológica efectuó 16 intervenciones con animales potencialmente peligrosos que carecían de licencia. El pasado ejercicio sumaron 32 a lo largo de 12 meses.

Además, en ocho casos actuaron porque los perros no llevaban el bozal reglamentario (frente a los 30 casos detectados en 2014). Y también dichos agentes municipales se han incautado de nueve animales en el primer semestre, frente a los 13 casos de todo el año pasado.