Diez años y 600.000 euros después, el Ayuntamiento de La Laguna y los colectivos vecinales dieron por cerrado anoche el debate sobre el controvertido reglamento de uso y gestión de los centros ciudadanos. En una reunión con un actitud más conciliadora que en las anteriores, el edil de Participación Ciudadana, el socialista Javier Abreu, y los representantes de los colectivos vecinales cerraron los últimos flecos de las alegaciones al documento que quedaban por rematar, entre otras, la de que sea el ayuntamiento en pleno y no el concejal de Participación Ciudadana el que pueda resolver el consejo de centro.

A partir de ahora, el recorrido del texto será el habitual en estas ocasiones: primero saldrá a exposición pública durante un mes -la fecha prevista es el 28 de julio-. En ese periodo se presentarán las alegaciones ya consensuadas, la primera de forma colectiva, aunque también se podrán presentar de manera individual. Posteriormente los servicios jurídicos del ayuntamiento deberán informarlas y, una vez finalizado este proceso en el que no se prevé ningún cambio, el texto volverá al pleno del ayuntamiento, que dará su visto bueno definitivo.

Culmina así un largo proceso que no ha dejado de tener momentos polémicos, sobre todo en el caso de la regulación de las cantinas.

Tal y como se acordó hace algunas semanas, las cantinas se regularán posteriormente a través de un reglamento específico.

El vicepresidente de la asociación de vecinos La Atalaya, de Camino Tornero, confió ayer tras la reunión en que no surjan problemas en adelante y destacó la moderación con la que ayer se mostró en la reunión el edil de Participación Ciudadana.

El jueves 10 de julio, el pleno del ayuntamiento de La Laguna aprobó por unanimidad el Reglamento Regulador de Uso y Gestión de los Centros Ciudadanos, cuyos inicios se remontan al año 2004.

Junto a la normativa de las cantinas y la potestad de quién puede cesar al consejo de zona, los dirigentes vecinales también anunciaron en el último pleno que presentarán los recursos legales necesarios si en el documento que se apruebe "no ven cumplidas sus expectativas". Entre otras cosas, rechazaron que no se respete la idiosincrasia de los centros de las zonas urbanas y las zonas rurales. "Queremos un reglamento justo y proporcionado", dijo también. Esta normativa podría aprobarse definitivamente en octubre.