La situación económica del Ayuntamiento de La Laguna, que el gobierno local (CC) presenta casi como excepcional por positiva dentro de las dificultades del momento y la oposición socialista casi como dramática, sigue dejando debates sobre deudas con visiones contrapuestas. El portavoz y candidato del PSC, Gustavo Matos, asegura que el consistorio debe un total de 35 millones de euros a los proveedores a 31 de diciembre de 2010 sin contar con los Organismos Autónomos de Música y Deportes, cifra que, más allá de que no pueda comparar con anteriores por no disponer de esos datos, considera muy elevada y alarmante.

El concejal del área económica, Juan Antonio Alonso, indicó el pasado sábado a EL DÍA que no le consta esa cifra y que, en todo caso, el PSC debería ser más riguroso en la labor opositora. Frente a Matos, CC insiste en que los criterios para el pago a los proveedores cumplen la ley y los requisitos, tal y como reiteró el portavoz nacionalista, Antonio Pérez Godiño, en el pleno del pasado jueves.

Por el contrario, Matos sostiene que el interventor y la secretaria del ayuntamiento están elevando en los últimos tiempos diversos informes contrarios a la elección de las empresas a las que se paga por incumplirse el orden de antigüedad de las facturas. En su opinión, se trata de una presunta "prevaricación" que, en todo caso, demuestra irregularidades y un criterio muy discutible, al creer que sólo se intenta darles prioridad a las empresas afines.

Por eso, el PSC planteó en la última sesión la creación de una comisión especial de seguimiento del cumplimiento del pago a los proveedores. El gobierno lo rechazó bajo el argumento de que no es necesario y que se está cumpliendo la normativa existente, mientras Matos insiste en que no se ha elaborado el plan de disponibilidad al que obliga la Ley contra la Morosidad.

Ante esto, Alonso aclaró el sábado que el propio plan económico financiero municipal remitido al Ministerio de Hacienda tiene en cuenta la nueva ley y pide a la oposición que lo estudie a fondo antes de lanzarse a criticar sin fundamento.

Los socialistas consideran, sin embargo, que los criterios para el pago a los proveedores del ayuntamiento "son totalmente arbitrarios y subjetivos, no siguen un mecanismo de control claro y suponen una evidente discriminación hacia algunas empresas que llevan años esperando recibir el dinero por los servicios prestados, cuando, luego, se les adelantan otras por las decisiones de Coalición Canaria".

Matos censura a Alonso por "obviar" los informes contrarios de Intervención y Secretaría y decidir cuáles son las facturas que se pagan antes.

Nuevo crédito

Alonso reitera que el ayuntamiento está haciendo un gran esfuerzo por ponerse al día con los proveedores, que no hay que perder de perspectiva la honda crisis económica existente y que, en todo caso, La Laguna está saliendo más a flote en los datos genéricos que otros muchos municipios. En este sentido, insiste en que el nuevo crédito de 15 millones de euros que se pretende aprobar si Madrid lo respalda se destinará precisamente a desbloquear muchas de las situaciones de estos pagos pendientes a diversas empresas.

Frente a estas tesis, el Grupo Socialista considera que se han de introducir con urgencia mecanismos con criterios objetivos para atender estos pagos y evitar la arbitrariedad que, en su opinión, se da ahora, dándole prioridad a la antigüedad de las facturas. Por eso, proponían el jueves la constitución de una comisión especial de seguimiento del cumplimiento de estos abonos con representantes de todos los partidos, así como la elaboración de un listado oficial de los proveedores pendientes de cobrar del consistorio. El gobierno lagunero rechazó la propuesta.