La Fiscalía ha solicitado más de 17 millones de euros de indemnizaciones por el incendio de 2007 en Gran Canaria a pagar por el único imputado, para el que pide 16 años de cárcel y, subsidiariamente, por Gesplan, el Cabildo de Gran Canaria y sus respectivas aseguradoras.

En su escrito de calificación provisional, que facilitó hoy la Fiscalía, el Ministerio Público pide 16 años de prisión para el único imputado por el caso, J.A.N.A., que estaba contratado como vigilante forestal por la empresa pública Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental (GESPLAN) cuando se produjo el incendio que asoló cumbres y medianías de Gran Canaria.

El fiscal asegura que el acusado prendió fuego a una zona forestal "con el firme y decidido propósito" de ocasionar un gran incendio forestal con la finalidad de que se le ampliara su contrato laboral con Gesplan, sociedad participada mayoritariamente por la Comunidad Autónoma de Canarias.

El Cabildo Insular suscribió un acuerdo con GESPLAN para la prevención y extinción de incendios forestales en 2007 en la isla de Gran Canaria, por lo que la administración competente en materia de lucha y prevención de incendios forestales corresponde al Cabildo Insular de Gran Canaria.

Añade que al menos desde el año 2001 el acusado había ejercido funciones similares, siempre contratado de manera temporal y discontinua coincidiendo con la temporada de mayor riesgo de incendios forestales.

Además poseía, a tal efecto, numerosos títulos en materia de prevención y extinción de incendios forestales, lo que le proporcionaba unos conocimientos avanzados de cómo y cuándo se puede producir y provocar un gran incendio forestal.

Por otro lado, el acusado era un amplio conocedor de la zona en la que se ubicaba el puesto de vigilancia en el que trabajaba habitualmente, no sólo por su experiencia laboral, sino también por ser vecino del lugar.

En tal sentido, era conocedor de la riqueza natural de estos parajes, en los que se encuentra la Reserva Natural Integral de Inagua (declarada Espacio Natural Protegido "C-1" por la Ley de Espacios Naturales de Canarias), o la zona ZEPA "Ojeda, Inagua, Pajonales".

En esta zona, además de existir una gran presencia de Pino Canario ("Pinus Canariensis"), se encuentra una población limitada de unos 200 ejemplares de la especie denominada Pinzón Azul de Gran Canaria, una especie en peligro de extinción.

Asimismo, el acusado conocía perfectamente que en el lugar se halla la Casa Forestal que el Cabildo tiene en la zona, donde se desarrolla el programa de recuperación del pinzón azul, y que es habitada por dos biólogos.

El acusado, conociendo perfectamente todas estas circunstancias y en plenitud de sus facultades mentales, con el claro propósito de prender fuego a la Reserva Natural Integral de Inagua y causar el máximo fuego posible, cogió una caja de cerillas, se puso su uniforme de trabajo y se dispuso a acudir a su puesto de trabajo para realizar su jornada laboral.

Como foco de inicio del fuego, que afectó a un total de 19.291,1 hectáreas y que se extinguió el 1 de agosto, eligió un lugar donde existe mucho "combustible" por la existencia de pinocha, piña y matorral bajo, una "auténtica gasolinera" que ardería con mucha facilidad y velocidad.

Así, sobre las 13.50 horas del día 27 de julio de 2007, cuando iba de camino hacia el citado puesto de trabajo, el acusado estacionó a unos escasos 300 metros de la Casa Forestal.

En aquellos momentos se registraban vientos de entre 40 y 70 Kilómetros por hora y temperaturas de unos 36,5 º, con una humedad ambiental del 22 por ciento.

Sin cerciorarse siquiera de si los biólogos habían abandonado la Casa Forestal o de si había o no senderistas que frecuentan la zona, se dispuso a prender el fuego aceptando con ello cualquier resultado que pudiera ocasionar no solo a la Reserva Natural de Inagua sino a la población en general y a los biólogos que se hallaban desarrollando el Plan de Recuperación del Pinzón Azul.

Una vez que prendió fuego se dirigió a su puesto de trabajo alertando de la existencia de un incendio forestal y, tratando de eludir su responsabilidad, aseguró haber visto a los posibles autores por la zona, a quienes describió como unos jóvenes toxicómanos que iban en bermudas.

Sin embargo, cuando fue citado a declarar como testigo confesó que él fue quien prendió fuego explicando por qué y cómo lo originó.

Los medios que se activaron a partir de esta llamada no fueron suficientes para contener el fuego, a lo que contribuyeron decisivamente las condiciones meteorológicas, la difícil orografía del terreno y la propia riqueza forestal de la zona.

El incendio supuso la mayor tragedia medioambiental producida en Canarias no sólo por afectar a una superficie de considerable importancia sino por alterar específicamente las condiciones de vida animal y vegetal, afectando a un Espacio Natural Protegido.