El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, condenó este lunes la decisión del Gobierno de EEUU de suspender solo por un mes y con limitaciones una norma que permitiría a cubano-estadounidenses reclamar propiedades en la isla confiscadas hace más de cinco décadas.

"Rechazo enérgicamente anuncio del Dpto. de Estado #EEUU de autorizar demandas, bajo Título III de la Ley Helms-Burton, contra lista de compañías cubanas sancionadas arbitrariamente por el gob. de Trump", publicó el ministro de Exteriores en su cuenta de Twitter.

Rodríguez también envió un mensaje de tranquilidad a los países y empresas que operan en Cuba al asegurarles que cuentan con "las garantías para la inversión extranjera y los proyectos conjuntos" y "tienen como respaldo las leyes cubanas, el Derecho Internacional y las leyes de sus propios países".

Los tuits responden al comunicado del secretario estadounidense de Estado, Mike Pompeo, que horas antes anunció que mantendrá suspendido durante un mes más el título III de la ley Helms-Burton.

El título III, que permitiría a los cubano-estadounidenses reclamar ante cortes de EE.UU. sus propiedades que fueron nacionalizadas tras la Revolución de 1959, nunca se ha aplicado desde su promulgación hace 23 años, ya que generaría una compleja maraña de litigios internacionales con empresas de diversos países que operan en Cuba.

Tras semanas amenazando con activar esta disposición, el Gobierno de Donald Trump anunció hoy lunes que finalmente prorrogará su suspensión, aunque con una salvedad: sí podrán interponerse demandas contra aquellas compañías incluidas en una "lista negra".

En esa "lista negra" figuran entidades "bajo el control" de la inteligencia cubana, de las Fuerzas Armadas o efectivos de seguridad, así como el personal con "transacciones financieras directas" que podrían dañar al pueblo cubano, según el Departamento de Estado.

Por otra parte, la prórroga de la suspensión del título III en el resto de los casos, principalmente empresas extranjeras que operan en Cuba, será solo por 30 días más (hasta ahora eran plazos renovables de seis meses), lo que según el canciller cubano es una "inaceptable amenaza contra el mundo".

La nueva suspensión decretada hoy es de 30 días y expirará el día 17 de abril, según el comunicado del Departamento de Estado en Washington.

Cuando el título III se aprobó en 1996, el bloque europeo y otros países con intereses empresariales en la isla se opusieron ferozmente porque temían que sus compañías fueran demandadas en EE.UU. y, por ello, la Unión Europea (UE) denunció a Washington ante la Organización Mundial del Comercio (OMC).

La batalla concluyó con el compromiso de EE.UU. de mantener la norma suspendida a cambio de la retirada de la querella.

Exiliados cubanos de clase alta, muchos de los cuales ahora son ciudadanos de EE.UU., han reclamado durante mucho tiempo la activación del título III para recuperar las fortunas que les fueron expropiadas tras la Revolución cubana y por las que nunca fueron compensados debido a las tensiones políticas bilaterales de la época.