El expresidente de Costa Rica y nobel de la Paz Óscar Arias fue acusado hoy por la Fiscalía de prevaricar en 2008 cuando firmó decretos supuestamente irregulares a favor de un fallido proyecto de minería de oro a cielo abierto.

Arias, quien gobernó el país centroamericano en dos periodos (1986-1990 y 2006-2010), afronta cargos por prevaricato (emisión de resoluciones contrarias a la ley o basadas en hechos falsos), delito que estipula penas de cárcel de entre dos y seis años.

La fiscal general, Emilia Navas, explicó que firmó la acusación el martes y que hoy la trasladó a la Procuraduría General de la República para que ese ente decida si participa como querellante y presenta una acción civil para resarcir al Estado.

La Procuraduría tendrá 13 días para tomar una decisión y vencido ese plazo la Fiscalía presentará la acusación formal ante al Juzgado Penal de Hacienda y la Función Pública, en San José.

El caso se remonta al año 2008, cuando Arias, durante su segundo mandato, y su entonces ministro de Ambiente y Energía, Roberto Dobles, firmaron decretos para declarar de interés y conveniencia nacional el proyecto de minería de oro Las Crucitas, en la zona norte del país.

Esos decretos, según la Fiscalía, facilitaron y agilizaron una serie de permisos y trámites, principalmente ambientales y de uso de suelo, a la empresa Industrias Infinito, de la canadiense Infinito Gold, que fueron denunciados por grupos ambientalistas.

El proyecto nunca llegó a construirse por completo ni a explotar oro, pues fue anulado por instancias judiciales en 2010 por irregularidades en el proceso de concesión y daños ambientales como tala de bosque y remoción de tierras.

La empresa minera esperaba explotar al menos 19,8 toneladas de oro con una concesión por 10 años.

Este caso fue reabierto el 2 de noviembre de 2017 por la fiscal general Navas, quien siete días después llamó a declarar al expresidente Arias como parte de la etapa de investigación.

El Nobel de la Paz no se ha pronunciado aún sobre la acusación, pero el día que acudió a rendir declaración defendió su inocencia y expresó su confianza en las instancias judiciales costarricenses.

Navas comenzó sus funciones en octubre de 2017 con la promesa de revisar una serie de casos polémicos que no avanzaron durante la gestión de su antecesor, Jorge Chavarría, quien fue suspendido del cargo por irregularidades y que en diciembre pasado se jubiló.

El caso de prevaricato que fue llevado adelante por Chavarría no incluyó en la acusación al expresidente Arias, pero sí a quien fue su ministro de Ambiente y Energía, Roberto Dobles.

En 2015 un tribunal penal condenó a tres años de cárcel al exministro Dobles, pero días después la sentencia fue anulada por el Tribunal de Apelación, que ordenó un nuevo juicio.

En este nuevo juicio, el tribunal emitió una resolución para devolver el caso a la fase intermedia de audiencia preliminar, en la que la nueva fiscal general debía determinar si imputaba a Óscar Arias, lo cual ha hecho.

Arias, ganador del Nobel de la Paz 1987 por sus esfuerzos en la construcción de los acuerdos de paz de Centroamérica en la década de 1980, es una de las figuras políticas más importantes de Costa Rica y de la región centroamericana.

Después de haber sido os veces presidente de su país, Arias, de 77 años, estuvo meditando lanzar su candidatura para las elecciones de febrero pasado, pero finalmente decidió no presentarse y darle espacio a las nuevas generaciones

Durante su segundo mandato también actuó como mediador en la crisis política en Honduras derivada del golpe de Estado contra el presidente Manuel Zelaya en 2009, pero no tuvo éxito en la búsqueda de una salida negociada.

Arias es el tercer expresidente que se enfrenta a una acusación penal en Costa Rica, junto a Rafael Ángel Calderón (1990-1994) y Miguel Ángel Rodríguez (2002-2006), quienes fueron acusados por desvío de fondos públicos.

Tras largos procesos judiciales que comenzaron en 2004 y tras numerosas apelaciones a condenas emitidas por tribunales, Rodríguez fue absuelto en 2014 y a Calderón se le redujo la pena a tres años en libertad condicional en 2011.