El expresidente panameño Ricardo Martinelli firmó hoy la carta de renuncia como diputado al Parlamento Centroamericano (Parlacen), condición por la cual es procesado por el Supremo y no por la Justicia ordinaria de su país por un caso de escuchas ilegales.

El portavoz de Martinelli y su exministro de Comunicación, Luis Eduardo Camacho, indicó en un comunicado que la carta de renuncia al Parlacen suscrita por el exgobernante será entregada este viernes en la sede de ese organismo regional, ubicada en la capital de Guatemala.

En la misiva, Camacho explica que "la decisión está motivada por las innumerables y reiteradas violaciones a los derechos humanos y garantías fundamentales del expresidente por parte de la Corte Suprema de Justicia", que ya no sería competente para procesar a Martinelli y su caso pasaría a la Justicia ordinaria.

Martinelli fue entregado a las autoridades de Panamá el pasado 11 de junio por Estados Unidos, donde estuvo detenido un año en una cárcel federal en razón del pedido de extradición por la causa de las interceptaciones ilegales a más de un centenar personas durante su mandato (2009-2014).

Actualmente se encuentra detenido preventivamente en El Renacer, una cárcel de mínima seguridad situada en las afueras de la capital de Panamá, una medida cautelar que el pleno de 9 magistrados del Supremo aprobó unánimemente mantener el pasado martes en una audiencia solicitada por la defensa para promover el arresto domiciliario de Martinelli.

El expresidente, de 66 años, fue extraditado bajo la regla de especialidad prevista en un tratado bilateral de 1905, es decir, que solo podrá se juzgado en Panamá por el caso de las escuchas, una de las cerca de 10 causas penales que le ha abierto el Supremo panameño.

Uno de los defensores del ex jefe del Estado, Sydney Sittón, había comentado que Martinelli sopesaría, una vez en Panamá, la posibilidad de renunciar como diputado al Parlacen, un cargo que corresponde automáticamente a los presidentes centroamericanos al culminar su mandato constitucional.

Martinelli, que se dice un perseguido político del actual Gobierno panameño, se enfrenta a una pena de hasta 21 años de prisión por los cuatro tipos penales que implican el caso de las escuchas ilegales, de acuerdo con un escrito de acusación presentado en octubre de 2015 por el magistrado fiscal de la causa, Harry Díaz.

El Supremo panameño ya fijó para el próximo 25 de junio la audiencia de acusación en contra Martinelli por el caso de las interceptación ilegal de la comunicaciones, luego de que el magistrado Díaz solicitó esa diligencia la semana pasada.