El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, prohibió el acceso al palacio presidencial de una periodista local por estar "enfadado" con ella, aseguró hoy su portavoz, en lo que se considera un nuevo intento de silenciar a los medios críticos en el país.

"El presidente está enfadado con ella", declaró a una radio local el portavoz Harry Roque, cuestionado sobre por qué el martes los guardias de seguridad del Palacio de Malacañán en Manila denegaron el acceso a Pia Ranada, una reportera del diario filipino Rappler famosa por sus preguntas incómodas al mandatario.

"Es la primera vez que se niega el acceso a un periodista a Malacañang desde la dictadura del presidente Ferdinand Marcos" hace más de tres décadas, indicó en un comunicado Human Rights Watch (HRW), que advirtió de que el incidente "podría augurar un ataque más amplio contra periodistas y medios".

El Sindicato Nacional de Periodistas de Filipinas, por su parte, acusó a Duterte de "mostrar una mezquindad extrema" y de "portarse como un niño mimado" por impedir el acceso a la periodista más crítica con su administración.

El incidente del martes, grabado por la reportera con su teléfono móvil y difundido en redes sociales, ha generado polémica en Filipinas, cuyo presidente dirige habituales acusaciones e insultos a los medios críticos con su Gobierno, y en particular al periódico Rappler.

A mediados de enero la Comisión de Valores y Cambio (SEC, por sus siglas en inglés) retiró la licencia para operar a este diario online por presuntamente violar la norma constitucional que prohíbe a personas o entidades extranjeras poseer medios de comunicación.

Sindicatos de prensa y organizaciones internacionales como HRW o Amnistía Internacional (AI) denunciaron que la maniobra no es más que una venganza encubierta dirigida por el Gobierno por las publicaciones de Rappler sobre presuntos casos de corrupción.

En todo caso, el medio de comunicación ha recurrido la orden del SEC -una entidad dependiente del Gobierno- y hasta que exista una sentencia firme no hay una base legal para restringir el acceso de sus periodistas al palacio presidencial.