El Gobierno argentino ofrecerá 98 millones de pesos (unos 4,9 millones de dólares) a quienes "brinden información y datos útiles" para hallar al submarino San Juan, que desapareció el pasado 15 de noviembre con 44 tripulantes a bordo, anunciaron hoy en el Boletín Oficial del Estado.

"Se considera pertinente la fijación de una gratificación de tipo económico para aquellos sujetos privados que brinden información y datos útiles que permitan dar con el paradero y la ubicación precisa del submarino San Juan", indicó el ministerio de Defensa en la resolución antes de indicar la cifra.

Con esta recompensa, pretenden incentivar la participación del sector privado en una búsqueda que ha registrado resultados "infructuosos", pese a que ha contado con esfuerzos "materiales, humanos, económicos y tecnológicos" y con "compromiso y pericia tecnológica y material", valoraron en el texto.

El presidente de Argentina, Mauricio Macri, ya había anunciado el pasado 6 de febrero a los familiares de los desaparecidos que las autoridades ofrecerían una "recompensa millonaria" pero hasta hoy no habían publicado la cifra en ningún medio oficial.

Durante las primeras semanas de rastreo para hallar el buque, brindaron su ayuda países como Estados Unidos y Reino Unido, y en la actualidad solo Rusia sigue colaborando con Argentina para dar con la ubicación del San Juan.

La búsqueda del submarino en el Atlántico se delimitó a 430 kilómetros de la costa patagónica, en torno a una zona donde varias agencias internacionales informaron de la detección de una explosión horas después de desaparecer la nave, cerca de donde se produjo la última comunicación del buque.

Poco antes, el comandante había informado a sus superiores de que se había iniciado un incendio en un compartimento de baterías por la entrada de agua a través de un conducto de ventilación; un problema que según la Armada fue resuelto y el submarino pudo seguir su viaje hacia Mar del Plata.

En estos meses, además del caso abierto en la Justicia, en el que diversos familiares son querellantes, se abrió una investigación interna en el seno de la Armada y el almirante Marcelo Srur fue destituido por el Gobierno como jefe del cuerpo castrense.

También se creó en el Congreso de la Nación una Comisión Especial Investigadora.