El primer ministro belga, Charles Michel, fijó hoy la posición de su Gobierno sobre la crisis catalana al asegurar que el "interlocutor" de Bélgica "es el Gobierno de Madrid" y consideró que el expresidente catalán Carles Puigdemont es "un ciudadano europeo que debe responder de sus actos".

La crisis catalana irrumpió hoy de lleno en el Parlamento federal belga, con un debate de hora y media en la Comisión de Interior centrado en la crisis catalana y el papel de Bélgica desde la llegada el 30 de octubre de Puigdemont a Bruselas, tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña y el cese de su Gobierno.

"No hay ninguna ambigüedad. Tenemos un interlocutor que es el Gobierno de Madrid, el Gobierno de España, por todos los canales diplomáticos", afirmó Michel.

Puigdemont, subrayó Michel, es "un ciudadano europeo que debe responder de sus actos, con derechos y obligaciones, sin privilegios, ni más ni menos".

"Esto quiere decir que el Gobierno belga trata con el respeto del Estado de derecho la situación de todos los ciudadanos europeos", añadió.

Michel aseguró que no intervendrá en la crisis catalana pese a su repercusión judicial en Bélgica, entre las críticas de la oposición, que cuestiona la posición de un Gobierno compuesto por una mayoría de separatistas flamencos.

Puigdemont y cuatro exconsejeros catalanes están en libertad con medidas cautelares en Bélgica por decisión de un juez belga, después de que la Justicia española emitiera una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) por ser acusados de los presuntos delitos de sedición, rebelión y malversación de fondos públicos tras la declaración unilateral de independencia de Cataluña.

El líder francófono del MR, que gobierna en coalición con tres partidos flamencos, con mayoría de la separatista Nueva Alianza Flamenca (N-VA), descartó cualquier intervención política de su Gobierno, incluso en el caso de una hipotética petición de asilo, que, según reiteró hoy, "no está en el orden del día del Gobierno".

"Cada ciudadano europeo puede introducir una petición de asilo en nuestro país. No somos el único que ofrece esta posibilidad. Si fuera el caso, lo haría a través de un órgano independiente competente, sin intervención de un secretario de Estado", aclaró, en referencia a las polémicas declaraciones del secretario de Estado de Migración y Asilo, Theo Francken.

Francken abrió la caja de los truenos al plantear esa posibilidad incluso antes de que Puigdemont llegara a Bélgica, en la que fue la primera de una ola de reacciones a la crisis de miembros del Gobierno belga, pese a la "discreción" que les había pedido Michel.

"Hay una crisis política en España y no en Bélgica, que ha propiciado comentarios políticos e interpretaciones mediáticas", zanjó el primer ministro, para quien la repercusión judicial no será tratada "como una cuestión política, sino judicial".

Michel hizo "una llamada al diálogo en España entre los actores políticos", algo en lo que, sostuvo, su Gobierno "ha sido extremadamente claro".

"Es nuestra convicción y mi convicción personal. Una crisis política que pide una solución política duradera", dijo.

Durante el debate Michel recibió duras críticas, desde aquellos que consideran su posición tibia con el Gobierno de Mariano Rajoy hasta los reproches por el acto de los alcaldes ayer martes en el palacio de Bellas Artes de Bruselas, el Bozar, que depende del Gobierno federal y al que acudieron varios miembros de la N-VA.

El diputado de la N-VA Peter de Roover admitió que su partido "siempre ha tenido buenos contactos con los amigos catalanes" y que "simpatiza" con la causa, pero eludió decir si Puigdemont ha mantenido algún encuentro con ellos estos días.

"No esta aquí porque Bruselas sea la capital de Bélgica, sino de Europa", respondió de Roover, para quien la Unión Europea (UE) "debería al menos tratar de convencer al Gobierno de Rajoy de propiciar un diálogo dentro de los principios de autodeterminación".

Pese a los intentos de Michel de argumentar que "no es una crisis belga", todos los partidos de la oposición en Bélgica consideran lo contrario y pidieron al primer ministro más contundencia en su posición.

"Cuando pides a tus ministros discreción y salen en los medios, cuando tienes 200 alcaldes aplaudiendo a Puigdemont en un edificio federal y saludando a sus amigos de la N-VA, es una crisis belga, no solo una crisis española", afirmó la diputada socialista de origen asturiano Julie Fernández.

En la misma línea se pronunció la cristiano-demócrata francófona Catherine Fonck, quien incidió en la división interna en el Gobierno de Michel.

Fonck consideró que estas divisiones han "importado la crisis política española a Bélgica", algo que "cuestiona y debilita la credibilidad de Bélgica en el escenario europeo".

Puigdemont se encuentra en Bélgica desde el pasado 30 de octubre en compañía de cuatro exconsejeros, después de que el Gobierno español los cesara en cumplimiento del artículo 155 de la Constitución española.

Puigdemont y los exconsellers comparecerán el próximo día 17 ante un juzgado de primera instancia belga, que decidirá si acepta o no la eurorden cursada por la Audiencia Nacional para su eventual extradición a España.