Los rifeños celebran hoy el primer aniversario del estallido de su revuelta social, que sacudió el norte de Marruecos y se contagió durante meses al resto del país, en medio de altas medidas de seguridad y con cientos de activistas en las cárceles.

La policía marroquí ha vuelto a tomar en los últimos días las plazas principales de la ciudad de Alhucemas, capital del Rif, y a establecer puestos de control en las entradas de esa urbe y de las dos principales poblaciones de su provincia, Imzuren y Beni Buayach.

Asimismo, cientos de agentes de seguridad, en uniforme y de paisano, se desplegaron en los barrios de las tres ciudades, mientras que siguen llegando más refuerzos policiales y militares, incluyendo vehículos blindados y camiones con cañones de agua de las fuerzas antidisturbios.

El pasado jueves, el gobierno de Marruecos prohibió "todas las manifestaciones en lugares públicos (del Rif) los días 27 y 28 de octubre" porque "crean un clima de tensión que puede impactar negativamente en los intereses de los ciudadanos y en el orden público", según un comunicado de la Wilaya (gobierno) de Alhucemas.

Según pudo constatar Efe, los agentes que se encuentran en los puestos de control paraban a los coches que llegan a las ciudades de la provincia para revisar los documentos de identidad de sus ocupantes y preguntarles sobre la razón de su viaje.

Esa presencia de las fuerzas de seguridad acabó con la normalidad que reinaba en las últimas semanas en Alhucemas y en las ciudades cercanas después de un año de protestas masivas y de represión policial que se redujeron considerablemente desde agosto.

Las revueltas rifeñas estallaron tras la muerte trágica del vendedor de pescado Mohcin Fikri, aplastado dentro de un camión de basura el 28 de octubre de 2016, y fueron protagonizadas por el movimiento popular rifeño Al Hirak, que nació pocos días de este suceso.

Esa plataforma pedía, entre otras cosas, el castigo a los implicados en la muerte de Fikri, la construcción de hospitales y universidades en la región, y la revisión del plan de desarrollo de la provincia de Alhucemas denominado "Manarat al Mutawasit" (el faro del mediterráneo).

Un importante dirigente del Hirak, que pidió el anonimato, precisó en declaraciones a Efe que su organización no va a celebrar protestas hoy para evitar que la policía detenga "gratuitamente" a los manifestantes.

El activista, que no descartó que grupos aislados de jóvenes puedan organizar protestas en sus barrios, explicó que el Hirak optará por "pasos estratégicos" en su organización y sus formas de lucha, para servir los intereses de la región del Rif en el futuro.

En su respuesta a esa crisis, el Estado marroquí optó por una estrategia doble: respondiendo de forma lenta a algunas reivindicaciones de Al Hirak, y al mismo tiempo arrestando a la gran parte de la estructura del movimiento rifeño y poner en prisión a cientos de activistas, incluido su líder Naser Zafzafi.

El pasado lunes, Zafzafi, acompañado de la cúpula de su movimiento, compareció por vez primera ante el Tribunal de Apelación de Casablanca cinco meses de su detención y fue acusado de atentar contra las integridad del Estado, un delito castigado en Marruecos por sanciones que pueden acarrear la pena de muerte.

Sin embargo, el rey Mohamed VI reconoció en su discurso del Trono, el pasado 30 de julio, que la disfunción de la clase política y de la administración pública ha creado un estado de desencanto hacia el trabajo político en general, y dio el ejemplo de los acontecimientos de Alhucemas, aunque alabó al mismo tiempo la labor policial.

Tres meses después (el pasado martes), el monarca castigó a varios ministros del actual gobierno y del anterior por las "disfunciones", los "retrasos" y los "incumplimientos" en el proyecto de desarrollo en el Rif "Manarat al Mutawasit".

Pero respecto al juicio contra los implicados en la muerte de Fikri, el Tribunal de Apelación de Alhucemas confirmó el pasado viernes las condenas en primera instancia de entre 5 y 8 meses de prisión para siete personas por perpetrar este delito.

Los procesados comparecieron en libertad ante el Tribunal porque en realidad ya habían cumplido las condenas emitidas por la corte de Primera Instancia.