Un fallo del Supremo panameño que anuló una investigación sobre la compra supuestamente irregular de unos radares italianos generó hoy un encendido debate en el país centroamericano, con duras críticas para el Poder Judicial.
El pleno del Supremo resolvió en un fallo, que fue filtrado el miércoles a los medios locales pero está fechado en abril, anular parte del expediente por la compra de unos radares al conglomerado italiano Finmeccanica.
Así concedió un amparo de garantías a los dos únicos imputados, el exministro de Seguridad José Raúl Mulino y el exdirector del Consejo de Seguridad Alejandro Garúz, quienes ocuparon esos cargos durante el Gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014).
La noticia generó infinidad de reacciones en las redes sociales y evidenció la suspicacia que despierta entre la ciudadanía cualquier resolución judicial.
El presidente de la formación política Frente Amplio por la Democracia (FAD), Fernando Cebamanos, dijo que el Supremo "se ha burlado del pueblo panameño", mientras que la portavoz del Movimiento Independiente (Movin), Annette Planells, aseguró que la máxima corte buscó una nueva interpretación de la ley para anular la gran mayoría del caso.
"Que el fiscal se haya excedido en el tiempo no es una causa de nulidad. En los fallos anteriores en los que el fiscal también se ha excedido, se le ha puesto una sanción administrativa, pero no se ha anulado el caso", explicó Planells.
Los magistrados del pleno sentenciaron que la fiscal encargada del caso, Zuleyka Moore, incumplió los plazos de las investigaciones, violó el debido proceso y ordenó la detención preventiva de los dos exfuncionarios fuera de plazo.
Mulino reconoció en declaraciones que se encuentra "tranquilo" porque ya se terminó la "batalla cuesta arriba" que le ha tocado vivir a él y a su familia, y dijo que no le desea a ninguno de sus "enemigos" la violación de derechos y garantías que ha sufrido.
El exministro explicó que el fallo fue redactado por la magistrada ponente Ángela Russo el pasado 6 de abril, pero que aún no ha sido notificado oficialmente y que fue filtrado a los medios locales el miércoles.
"Desde abril la sentencia estaba lista y no la hacían pública. Mucha gente vio el fallo antes que yo, sobre todo allegados del actual Gobierno", denunció.
Por su parte, el ministro panameño de la Presidencia, Álvaro Alemán, dijo que espera que el Ministerio Público reabra el caso con nuevas pruebas porque dicha compra "afectó al erario público".
Panamá, durante la presidencia de Martinelli, suscribió con Italia en 2010 un acuerdo de seguridad por 250 millones de dólares para la compra de distintos aparatos a varias empresas de Finmeccanica, de capital público privado y considerado uno de los conglomerados más importantes de Italia.
El acuerdo incluía la compra de una veintena de radares por 125 millones de dólares, 6 helicópteros por 100 millones de dólares y un mapa digital por 25 millones.
El presidente panameño, Juan Carlos Varela, nada más acceder al poder, suspendió en agosto de 2014 el contrato de los radares por presentar "serias deficiencias", dando comienzo así a una disputa comercial que se zanjó en febrero de 2016 con un acuerdo extrajudicial.
"Se compraron equipos que no servían para los propósitos para los que supuestamente fueron adquiridos y eso afectó el erario público. Gracias a Dios el ex embajador Fernando Berguido hizo una buena labor y negoció un acuerdo que logró que el Estado recuperará en parte el daño que se había hecho", aseguró el ministro Alemán.
El Estado y la multinacional lograron un acuerdo que liberó a Panamá de pagar 38,8 millones de euros (41,51 millones de dólares) y que le otorgó un crédito millonario para comprar cualquier producto fabricado por Finmeccanica.
Según la Fiscalía de Italia, exfuncionarios del Gobierno de Martinelli y exdirectivos de Finmeccanica acordaron el pago de unos 25 millones de dólares en sobornos a cambio de la adjudicación de los contratos.