Los países de la Unión Europea (UE) dieron hoy luz verde a un sistema de autorización de viaje para controlar la entrada al territorio europeo de ciudadanos de países no sujetos a visado, con el objetivo, sobre todo, de detectar a sospechosos de terrorismo y a inmigrantes irregulares.

Los ministros de Interior de la UE aprobaron hoy el llamado "Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes" ("ETIAS", por sus siglas en inglés), que obligará a tramitar por internet una autorización de entrada, que costará cinco euros y tendrá una validez de cinco años.

El nuevo régimen se aplicará a los ciudadanos de alrededor de medio centenar de países con los que la UE tiene acuerdos que permiten viajar al espacio europeo Schengen sin tener que pedir visado, entre los que figuran Estados Unidos, Canadá y Australia, Andorra, Brasil, México, Argentina, Colombia, Chile o Perú.

Esta medida la propuso la Comisión Europea (CE) el pasado noviembre, tras los atentados terroristas de París en 2015 y Bruselas en 2016, y a raíz de la crisis migratoria.

"Estamos deseando comenzar las conversaciones con el Parlamento Europeo", para la aprobación definitiva del sistema, dijo en la reunión el titular de Malta, país que preside la Unión este semestre.

El nuevo titular galo de Interior, Gérard Collomb, destacó por su parte que este instrumento "es una medida concreta que ayudará en la seguridad y podrá evitar atentados en el futuro".

La información que faciliten los interesados en viajar a la UE será comprobada y cotejada con distintas bases de datos europeas, como la de la Oficina Europea de Policía (Europol) o la de Interpol, y el permiso se concederá automáticamente cuando no se encuentren elementos que justifiquen un mayor análisis.

Según la CE en la mayoría de los casos la autorización se concederá en pocos minutos. El mecanismo, similar a la autorización "ESTA" que aplica Estados Unidos, posibilita negar la entrada al viajero, lo que según Bruselas solo ocurrirá en el 1 ó 2 % de los casos.

La CE no cree, sin embargo, posible su aplicación antes de 2020 debido, fundamentalmente, a la complicación que supone hacer operativas entre sí las bases de datos que se tendrán que consultar para dar los permisos, según fuentes europeas.

Por otra parte, los ministros pasaron hoy revista a las recomendaciones de la Comisión Europea para impulsar los retornos de los inmigrantes que no tienen derecho a solicitar el asilo en la UE, muchos de ellos africanos que llegan huyendo de la pobreza.

Bruselas plantea, por ejemplo, recurrir a la detención de aquellas personas que "no muestran señales de cumplir" con una orden de expulsión o prolongar las detenciones para completar los procedimientos de retorno.

El ministro español del Interior, Juan Ignacio Zoido, dijo a su llegada a la reunión que España no tiene intención de modificar los plazos de detención, de dos meses máximo en la legislación española, uno de los más breves en la UE, ya que respetan la normativa europea.

"Es verdad que nosotros tenemos uno de los plazos menores pero desde luego nosotros vivimos en un Estado de derecho, somos un Estado (...) garantista y por tanto nosotros lo que tendremos es que aplicar nuestra legislación porque se encuentra dentro de los cánones marcados por la Unión", dijo el ministro en declaraciones a la prensa.

"Tenemos nuestros propios plazos que es lo que seguiremos cumpliendo", añadió el ministro, quien subrayó que en relación con la inmigración irregular en España se "ha alcanzado un consenso".

El Consejo, por último, constató hoy los escasos avances en relación con la reforma del sistema común de asilo, sobre el que Bruselas y Malta, país que preside este semestre el Consejo de la Unión, querían alcanzar un acuerdo en junio.

"Todos los elementos están sobre la mesa, ahora depende de los países", dijo el comisario europeo de Inmigración, Dimitris Avramópulos, quien reiteró que hace falta un sistema de Dublín (que establece las reglas de reparto de los demandantes de asilo en la Unión) "más justo, basado en la solidaridad y la responsabilidad".