La Contraloría de Venezuela inhabilitó hoy al dos veces candidato presidencial de ese país, Henrique Capriles, en medio de la tensión entre poderes en el país después de que el Parlamento, de mayoría opositora, acusase al Supremo de dar un golpe de Estado.

Según la resolución de la Contraloría, difundida por Capriles a los medios de comunicación, esta declaró su "responsabilidad administrativa" después de haber celebrado tres convenios con las embajadas de Polonia y el Reino Unido, que el gobernador registró como donaciones.

Asimismo, lo señaló de "haber actuado de manera negligente" al no presentar el proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal de 2013 y se le cuestionan dos contrataciones en las que omitió, de acuerdo con ese organismo, el procedimiento legal de licitaciones.

Esta inhabilitación le impide ejercer "funciones públicas" y, a su vez, supone una "ruptura o disolución de todo vínculo laboral que pueda existir con órganos o entes de la Administración Pública", en este caso con la gobernación del céntrico estado Miranda, presidida por Capriles.

Ante la decisión de la Contraloría el opositor adelantó, sin mayores detalles, que va a "cumplir todos los procedimientos que están establecidos" en la ley, aunque no desveló si recurrirá la medida.

Sin embargo, aseguró que, pese a su inhabilitación, seguirá siendo el gobernador de Miranda y pidió "permiso" a los mirandinos para irse a recorrer cada rincón de Venezuela.

"Seguiré siendo su gobernador hasta que el pueblo de Miranda elija un nuevo gobernador", afirmó Capriles, quien recordó que para nadie es un secreto su "aspiración" a ser presidente del país caribeño.

La inhabilitación de Capriles se produce semanas después de que el partido en el que milita, Primero Justicia (PJ), señalara que será su candidato a las primarias de la oposición para las próximas elecciones presidenciales, prevista para finales de 2018.

También surge en medio de una tensa relación entre los poderes de Venezuela, específicamente entre el Legislativo y el Judicial.

La Cámara acusa al Supremo de haber dado un golpe de Estado al despojarla de sus funciones en una sentencia que, días después, fue parcialmente suprimida.

Esta tensión se avivó la semana pasada cuando la Fiscalía alertó sobre la "ruptura del orden constitucional" con la sentencia del Supremo.

El defensor del pueblo, Tarek William Saab -que preside a su vez el Poder Ciudadano- respaldo, sin embargo, las acciones del Supremo.

Saab informó además ayer de que el Poder Ciudadano consideró improcedente la solicitud del Parlamento de pedir la calificación de "falta grave" de los magistrados, algo imprescindible para que la Cámara pueda iniciar un procedimiento de remoción de los jueces del alto tribunal.

Una decena de diputados opositores protestaron hoy ante la Defensoría del Pueblo por el respaldo del Poder Ciudadano al Supremo.

Los parlamentarios desplegaron en la fachada del organismo una cinta de seguridad que tenía escrito "No pase" en alusión a una "clausura simbólica" del sitio.

Por su parte, la oposición instó hoy a los venezolanos a mantenerse en protesta contra el máximo tribunal y convocó a los ciudadanos para que este sábado salgan de nuevo a las calles en rechazo a lo que considera "la dictadura" de Maduro.

Asimismo, anunció que buscará "millones" de firmas para respaldar las gestiones iniciadas esta semana en la Cámara con las que esperan remover de sus cargos a siete magistrados de la corte.

El primer vicepresidente del Parlamento, el opositor Freddy Guevara, explicó que quienes firmen estarían exigiendo a la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, al contralor general, Manuel Galindo, y al defensor del Pueblo, Tarek William Saab, -que encabezan el Poder Ciudadano- avalar el proceso contra el Supremo.

Tras las manifestaciones opositoras de ayer, el presidente del TSJ, Maikel Moreno, dijo hoy que jueces y fiscales del país fueron agredidos anoche en el céntrico estado Carabobo por "un grupo de manifestantes violentos" que estaban "armados con bates, piedras y bombas molotov".