La Corte Suprema de Brasil decidió hoy que los presos que cumplan condena en cárceles con problemas de hacinamiento tendrán derecho a recibir una indemnización de la administración pública.

Este fallo sienta jurisprudencia para el resto de tribunales del país con causas semejantes, que fijarán una indemnización cuyo valor variará en función de cada caso.

El máximo órgano judicial discutió el asunto a raíz de la demanda de un condenado del estado de Mato Grosso do Sul, en la región centro-oeste de Brasil, que cumplió su sentencia en una celda con capacidad para doce personas, pero en la que había decenas de reos.

Con una condena de veinte años por robo seguido de muerte, el demandante pasó ocho años preso y pidió ante la Justicia una indemnización de un salario mínimo (unos 288 dólares) por cada mes que permaneció en el penal en condiciones degradantes.

El Supremo fijó el pago de una multa para el Gobierno regional de 2.000 reales (unos 645 dólares), aunque todos los magistrados que participaron en el juicio reconocieron que el Estado debe compensar eventuales sufrimientos a los reclusos, ya que es el responsable de su integridad.

"En este caso, el interno no tenía espacio para dormir al recostar su cabeza en la taza del baño. Ese comportamiento por parte del Estado es despreciable e inaceptable", manifestó el decano del Tribunal Supremo de Brasil, Celso de Mello, citado por el portal G1.

Durante el juicio hubo divergencias sobre la forma de indemnización, ya que tres de los magistrados propusieron reducir el tiempo de la pena, mientras que los otros siete optaron por la compensación económica.

El hacinamiento y las pésimas condiciones de los presidios es uno de los mayores problemas del sistema carcelario brasileño, que alberga a unos 622.000 reos, un 67,3 % por encima de su capacidad.

En las primeras semanas del año el país vivió uno de los episodios más negros de su historia carcelaria con sangrientas revueltas en penales de los estados de Amazonas, Roraima y Río Grande do Norte, que dejaron un balance final de más de 130 presos muertos.

Las reyertas evidenciaron la falta de seguridad en las unidades penitenciarias y el gran poder que tienen en su interior las facciones criminales, que fueron las que protagonizaron las matanzas en la mayoría de los casos.