Cuando se cumplen 25 años de la caída del régimen comunista de Nicolae Ceausescu, muchos rumanos siguen esperando que se castigue a los responsables de la muerte de más de un millar de civiles en la revuelta que acabó con el fusilamiento del dictador.

Al contrario que en los demás países de la esfera comunista en el Este de Europa, como Hungría, Checoslovaquia o Polonia, el derrumbe del represivo régimen en Rumanía se produjo de forma violenta.

Cerca de la medianoche del 21 de diciembre de 1989 grupos de desconocidos dispararon contra la multitud que se manifestaba de forma espontánea en las principales avenidas de Bucarest para reclamar libertad.

"Se trataba de francotiradores aislados que disparaban a las unidades militares para que estos respondieran y así se generara el caos", explica Adrian Cioroianu, decano de Historia de la Universidad de Bucarest.

"Eran hombres fieles a Ceausescu, bien formados para crear terror entre la población", prosigue Cioroianu, quien asegura que estos francotiradores pertenecían a la Securitate, la temida policía secreta comunista.

Días antes, el 16 de diciembre, había comenzado una revuelta en Timisoara, al oeste de Rumanía, que causó decenas de víctimas y cuyos ecos poco a poco llegaron a Bucarest.

En respuesta a las peticiones de libertad, Ceausescu convocó en la tarde el 21 de diciembre -al poco de volver de un viaje a Irán- una manifestación de adhesión al régimen en la que intervendría desde el balcón del Comité Central del Partido Comunista.

"Tras dos minutos de discurso, el ''Conducator'' se quedó atónito ante los gritos contra el régimen de la gente que se envalentonó y empezó a ondear banderas sin la insignia comunista", relata Cornel Ionita, uno de los manifestantes.

El abucheo al "Calígula del Danubio", emitido en directo por la televisión, fue la antesala de su caída.

Ionita vociferó consignas contra Ceausescu: "Abajo el dictador", "Muerte a los criminales", pero sobre todo "Libertad". Lo que no esperaba era que horas después las calles se teñirían de sangre.

Los accesos a la céntrica plaza de la Universidad los bloqueó la policía y el Ejército, que desplegaron decenas de tanques, y comenzaron a cargar con gran violencia.

"Había jóvenes y mujeres apaleados, con los ojos fuera de las órbitas, la ropas rasgadas, otros muertos por disparos", describe Doru Maries, presidente de la Asociación 21 de Diciembre, que reúne a familiares y víctimas que reclaman justicia.

Al día siguiente, los ciudadanos volvieron a inundar las calles de Bucarest, lo que provocó que Ceausescu huyera en helicóptero.

No tardó en ser apresado y, junto a su mujer, Elena, trasladado a un cuartel de Targoviste, a 80 kilómetros de Bucarest, mientras que un denominado Frente de Salvación Nacional (FSN), dirigido por el comunista Ion Iliescu, tomó las riendas del país.

Un juicio sumarísimo sentenció a muerte al matrimonio Ceausescu, que fue fusilado en Nochebuena por "genocidio, daños a la economía nacional, uso de la fuerza contra civiles y enriquecimiento injustificable".

El historiador Cioroianu explica que "fueron condenados según el modelo de justicia comunista, primero se fija la condena y luego se organiza un proceso falso".

Durante esos tres días en los que los Ceausescu estuvieron arrestados, los francotiradores de la Securitate continuaron disparando de forma indiscriminada contra la población sin que las nuevas autoridades tomaran cartas en el asunto.

En opinión de Maries, la revolución de diciembre desembocó en un golpe de Estado perpetrado por Iliescu, presidente entre 1990 y 2006, así como entre 2000 y 2004.

Solo una treintena de personas -ninguna de primera fila- ha sido condenada por la violencia contra los civiles durante la revolución, mientras que las víctimas se quejan del abandono del Estado.

"El Estado rumano ha sido incapaz de aclarar jurídicamente los crímenes de la revolución por su complicidad" en ellos, sostiene Maries.

Un fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha pedido este año al Estado rumano que procese a todos los autores de los 1.166 muertos y más de 7.000 heridos de la revolución.

Dan Voinea, fiscal militar encargado de investigar esos hechos hasta hace pocos años, indica de forma tajante que el "Estado rumano rechaza hacer justicia con las víctimas del propio Estado".

Cuenta, además, que intentó procesar a Iliescu en 2008, pero el Constitucional falló que no podía ser juzgado por la justicia militar, sino civil, algo que no tiene visos de suceder.

"Ningún comunista se fracturó la pierna, todos cayeron de pie tras la caída del régimen", cuenta Voinea sobre el dominio de la nomenclatura comunista en la transición a la democracia.

La caída de Ceausescu y la violencia posterior sigue ocultando muchos misterios, pero lo que está claro es que algunos de sus colaboradores acabaron liderando la transición rumana.