La Unión Europea (UE) acordó la creación de una directiva comunitaria sobre créditos hipotecarios que garantiza condiciones más favorables para los prestatarios en casos de pago anticipado y de ejecución hipotecaria, y que contempla la opción de la dación en pago.

Después de dos años de negociaciones, los Veintisiete, la Comisión Europea (CE) y el Parlamento Europeo (PE) han dado luz verde al texto legislativo, el primero que regulará a escala comunitaria la concesión de préstamos para la compra de bienes inmuebles, informó hoy el Ejecutivo comunitario en un comunicado.

Las tres partes alcanzaron un acuerdo provisional sobre el contenido de la directiva, que fija estándares mínimos para mejorar la información al consumidor antes de firmar los créditos y para reforzar los derechos de los prestatarios durante el desarrollo de los contratos.

La nueva normativa "ayudará a acabar con los excesos y promoverá prácticas de préstamo más responsables", afirmó el vicepresidente de la CE y comisario de Mercado Interior, Michel Barnier, en un comunicado.

Se trata de un texto "muy positivo para los consumidores y muy ambicioso", destacó el eurodiputado socialista español Antolín Sánchez-Presedo, ponente del informe del PE sobre la propuesta legislativa y responsable de las negociaciones por parte de la Eurocámara.

El texto, que tras su aprobación formal tendrá que ser aplicado por los Estados miembros en un plazo de dos años, se opone a normativas nacionales que impidan la dación en pago por acuerdo de prestatario y prestamista, declaró Sánchez-Presedo.

La normativa prohibirá las penalizaciones al consumidor por el pago anticipado del precio total del préstamo, aunque sí permitirá a las entidades pedir "compensaciones justas" si los prestatarios deciden liquidar la hipoteca dentro de determinados límites temporales.

En caso de demoras en los pagos, se pide a los bancos que la ejecución forzosa de hipotecas o expulsión de los ocupantes del inmueble "no sea la primera opción", y que apliquen "una tolerancia razonable para buscar otras soluciones", explicó el eurodiputado.

En el mismo sentido, la normativa limita los cargos que se podrán imponer a los prestatarios en caso de impago y pide a los países que tomen medidas para facilitar que los consumidores salden sus deudas y evitar el endeudamiento a largo plazo, entre las que se contempla la dación en pago.

Esta opción no era mencionada en la propuesta legislativa inicial al considerar Ejecutivo comunitario que no había suficiente base jurídica a nivel europeo, aunque finalmente fue incluida en el texto acordado por petición de la Eurocámara, señaló Sánchez-Presedo.

El texto "marca el camino para los Estados miembros", que deberán adoptar las disposiciones necesarias para que estos "estándares y principios mínimos" se apliquen en la práctica, añadió el eurodiputado socialista.

Otra de las novedades destacadas es la obligación de los bancos a entregar a los consumidores una "hoja de información estandarizada" (ESIS, por sus siglas en inglés), que facilitará la comparación con los préstamos ofertados por otras entidades.

Este documento será de fácil comprensión e incluirá información detallada sobre las características del préstamo, y también alertará sobre riesgos como las variabilidad de los tipos de interés o la influencia de divisas extranjeras sobre las mismas.

En la misma línea, la normativa prevé medidas contra la publicidad engañosa sobre hipotecas.

Asimismo, los consumidores contarán con un "período de reflexión" o "derecho de rescisión" de una duración mínima de siete días tras firmar un crédito hipotecario y antes de que éste sea legalmente vinculante.

Las entidades crediticias no podrán obligar a los consumidores a contratar "paquetes cerrados" vinculados a la hipoteca y que incluyan otros préstamos o servicios, como los seguros, y también demostrar que sus sistemas de remuneración "no incitan a los empleados a tomar riesgos excesivos", entre otras medidas.

Tras el acuerdo provisional alcanzado anoche, las tres partes deberán cerrar otros aspectos técnicos relacionados con la cooperación entre las diferentes instituciones, y el PE y los Veintisiete deberán dar su aprobación formal, lo que se espera que tenga lugar antes de julio próximo.