La cancelación del tren de alta velocidad Madrid-Lisboa y los nuevos peajes en las autopistas portuguesas, muy criticados en ambos lados de la frontera, son los temas hispanolusos más controvertidos de cara a la cumbre bilateral de mañana.
Aunque no se ha confirmado oficialmente que España y Portugal traten oficialmente ambas cuestiones en la XXV Cumbre Ibérica de mañana, son muchos los ayuntamientos, asociaciones sectoriales, de usuarios e incluso empresas involucradas en los proyectos que están pendientes de alguna novedad.
La conexión de alta velocidad entre las capitales ibéricas, que fue descartada en marzo por el Gobierno portugués, obtuvo su último gran respaldo en la anterior Cumbre celebrada en la ciudad española de Zamora en 2009.
Entonces gobernaban en los dos países administraciones de signo socialista que apoyaban el proyecto.
Pero el actual Ejecutivo conservador de Pedro Passos Coelho se opuso a su ejecución desde la campaña para las elecciones lusas de junio de 2011.
El nuevo primer ministro portugués cumplió su promesa electoral nada más sustituir a José Sócrates y anuncio una suspensión de las obras para construir el ferrocarril que nueve meses después se convirtió en abandono definitivo del proyecto gestado una década antes.
Passos Coelho justificó la medida por las dificultades financieras de Portugal, que suscribió en mayo de 2011 un préstamo internacional de 78.000 millones debido a la asfixiante presión de los mercados financieros.
Después de meses de incertidumbre, Lisboa anunció el 21 de marzo el carpetazo definitivo al conocerse la decisión del Tribunal de Cuentas luso de anular por irregularidades el contrato para construir uno de los dos tramos de vía.
Ese organismo de fiscalización apreció una "falta de información" dentro del marco presupuestario del proyecto que conllevó "una violación directa de las normas financieras".
Desde entonces los conservadores han insistido en su propuesta de impulsar un tren rápido de mercancías, en vez de uno de pasajeros en alta velocidad, para ahorrar costes, mantener las ayudas europeas y fomentar las exportaciones.
El propio Passos Coelho precisó a finales de marzo que esperaba tener construida, antes de 2014, una conexión férrea de "altas prestaciones" y en ancho de vía europeo, no ibérico, para conectar el puerto luso de Sines con la frontera española.
Pero la reconversión del proyecto original en un eje ferroviario que permita unir esa zona del suroeste de Portugal con España y Francia, en principio a través de Badajoz, Madrid e Irún, aún está pendiente de las conversaciones con el Gobierno español y del visto bueno de la Comisión Europea.
El otro tema que más polémica ha levantado en las fronteras hispanolusas es la reciente transformación de las última autopistas lusas gratuitas en vías de pago.
La medida, que encarece la intensa relación económica y humana entre los dos lados de la frontera, ha levantado muchas críticas entre ayuntamientos, asociaciones de transportistas, el sector turístico y organismos ciudadanos.
Conocidas en portugués por el acrónimo SCUT ("sin coste para el usuario") la introducción de peajes en esas vías ha generado numerosas protestas, sobre todo en la A-22 (fronteriza con Andalucía), la A-23 (que atraviesa la región del Alentejo, cercana a Extremadura), la A-24 (colindante con Galicia) y la A-25 (fronteriza con Salamanca).
Las antiguas SCUT, que empezaron a cobrar a los usuarios en 2010 y 2011, tienen actualmente un coste para los turismos de entre 11 y 19 euros por trayecto, una suma con la que Portugal espera ayudar a cubrir el déficit de las carreteras del Estado.
La complejidad del sistema de cobro electrónico, que obliga a los turistas a adquirir una tarjeta prepago asociada a su matrícula o alquilar un dispositivo especial, ha causado protestas y largas filas en las SCUT fronterizas, especialmente en épocas vacacionales.
Para paliar esos problemas, el Gobierno luso anunció el mes pasado que tiene casi listo un sistema de pago compatible con el español.
Pero entretanto ha caído en picado la circulación de vehículos por las siete vías afectadas, cuyos usuarios han bajado entre el 18 y el 48 por ciento.