Las exigencias de la ayuda económica internacional mantienen dividido a Portugal cuando se cumple hoy un año desde que la Unión Europea (UE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) recibieron la petición de rescate financiero del país.

El Ejecutivo, que asumió el poder dos meses después de aquella fecha, es ahora blanco de duras críticas por la severa política de ajuste fiscal y reducción de gasto público que conlleva la asistencia financiera exterior, de 78.000 millones de euros y cuestionada ya con dos huelgas generales.

La última polémica sobre los sacrificios del rescate, que domina hoy las primeras páginas de la prensa portuguesa, es la posibilidad de que la eliminación de las pagas extra de verano y de Navidad de los funcionarios no sea temporal.

La oposición de izquierda y los sindicatos han reaccionado con una andanada de reproches al Gobierno del primer ministro, el conservador Pedro Passos Coelho, a raíz de un comentario en ese sentido del equipo técnico de la UE y el FMI que supervisa el rescate portugués.

Durante la presentación, ayer en Bruselas, de su último informe, que avala los resultados de las medidas adoptadas por Lisboa para salir de la crisis, los representantes de la troika, formada por el Banco Central Europeo (BCE), la UE y el FMI, dejaron abierta la posibilidad de que la eliminación de las pagas extra sea indefinida.

El ministro luso de finanzas, Vitor Gaspar, tuvo que negar hoy en el Parlamento que el Gobierno tenga intención de extender esa medida más allá de la vigencia de los acuerdos del rescate.

Pero la polémica, una más sobre la crisis económica, ha levantado ya un enorme revuelo y ha disparado otra vez las críticas a los sacrificios exigidos por la ayuda externa.

Entre ellos hay subidas generalizadas de impuestos, congelación de salarios, corte drástico de la inversión pública y los subsidios sociales y reducción de presupuestos de gran impacto popular, como la educación, la sanidad o los transportes.

Lo más contestado ha sido, con todo, la reforma laboral que ha reducido las indemnizaciones por despido y los días libres, entre otras medidas liberalizadoras del mercado de trabajo que los sindicatos consideran una grave pérdida de derechos y han rechazado con dos huelgas generales.

Además de la pugna con las organizaciones de izquierda, el Gobierno luso se enfrenta a las consecuencias de la austeridad en la propia economía, que ha visto crecer el desempleo hasta el 15 % y sufrirá este año una caída del Producto Interior Bruto (PIB) superior al 3 %.

En un país donde al Estado alimenta la mitad de la actividad económica y cerca de una cuarta parte del mercado de trabajo, su "adelgazamiento", como lo denomina la coalición conservadora de Gobierno, ha puesto al ralentí el mayor motor de crecimiento.

Entretanto se ve aún lejos el principal objetivo del rescate, la devolución de la confianza en Portugal a los mercados financieros para que el país pueda financiarse por sí mismo.

El programa de ayuda exterior concluye en el segundo cuatrimestre de 2013 y a partir de ahí Portugal tendrá que financiarse en el mercado, donde por ahora le piden intereses insostenibles que rozan el 10, el 14 y el 12 % en los plazos de dos, cinco y diez años, respectivamente.

Con todo, el Tesoro luso colocó hoy con éxito una emisión de deuda de 1.500 millones euros que, por primera vez desde la petición del rescate, incluyó títulos con vencimiento a 18 meses vendidos al 4,53 % de interés y con fuerte demanda.

La presión de los mercados fue lo que obligó hace un año al anterior Gobierno luso, encabezado por el socialista José Sócrates, a pedir asistencia financiera cuando ya había dimitido, acorralado por la crisis.

Ahora muchos analistas, dentro y fuera de Portugal, dan por seguro que Lisboa necesitará más dinero y más tiempo para volver al mercado aunque su Gobierno asegura que no va a pedir ninguno de los dos.