Cuatro policías, entre ellos un alto mando de los servicios secretos, fueron condenados hoy a muerte y otro a cadena perpetua por un tribunal militar de Kinshasa por el asesinato hace un año de Floribert Chibeya, un destacado defensor de los Derechos Humanos.
La sentencia, en la que otros tres policías fueron absueltos, se pronunció hoy en el Tribunal de la prisión central de Makala y entre los condenados a muerte está el coronel Daniel Mukalayi, que también fue retirado de la Policía Nacional Congoleña.
De los cuatro condenados, tres se encuentran prófugos y él único detenido es el coronel Makala, ex vicecomandante de los servicios secretos, al que se considera el instigador del asesinato.
La defensa de los condenados anunció que presentará un recurso contra la sentencia por el asesinato, el 2 de junio del año pasado, de Chibeya, fundador de la organización La Voz de los Sin Voz, una de las organizaciones de defensa de los Derechos Humanos más reconocidas de la República Democrática del Congo (RDC).
En los diez años que lleva en la Presidencia el actual gobernante congolés, Joseph Kabila, no se ha ejecutado la pena de muerte en la RDC.
El inspector general de la Policía congoleña, Jhon Numbi, fue suspendido de su cargo el año pasado por la muerte de Chibeya.
Tanto la ONU, por medio de su secretario general, Ban Ki-moon, como los países de la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá exigieron una investigación para aclarar las circunstancias del asesinato de Chibeya.
Medio centenar de grupos nacionales e internacionales de defensa de los Derechos Humanos, entre ellas Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch (HRW), reclamaron que en la investigación participasen, junto a las autoridades congoleñas, organizaciones internacionales y de la sociedad civil.
Estos grupos apuntaron al Gobierno como supuesto responsable y recalcaron el acoso que sufren los defensores de los Derechos Humanos y los opositores al régimen de Kabila en el Congo.
El abril de 2008, HRW publicó un informe en el que señalaba que las fuerzas de seguridad de la RDC habían asesinado a 500 personas y detenido y torturado a otras mil, consideradas opositoras o críticas con el régimen, desde los comicios que ganó 2006 Kabila.
El informe responsabilizaba a los Gobiernos extranjeros, que financiaron las elecciones de 2006, de apoyar al régimen de Kabila "y guardar silencio sobre los abusos de los Derechos Humanos y la creciente represión del Gobierno" en esos dos años.