Reina Luisa Tamayo, madre del fallecido disidente cubano Orlando Zapata Tamayo y residente como refugiada política en Miami (Florida), denunciará próximamente en el Congreso de EEUU la violación de los derechos humanos en Cuba.
"Va a ser un tremendo privilegio que ella (Tamayo) venga a Washington en dos o tres semanas para explicar a mis colegas la crueldad del régimen castrista que sigue hoy en día", dijo hoy la congresista cubanoamericana Ileana Ros-Lehtinen.
Ros-Lehtinen, presidenta del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja, se reunió este lunes a puerta cerrada en su oficina de Miami con Tamayo y los también congresistas cubanoamericanos Mario Díaz Balart y David Ribera.
"Lo importante es que les diga (Tamayo) a los congresistas en Washington lo que me ha dicho a mí: Que los abusos de los derechos humanos siguen en Cuba y hasta son peores que nunca", resaltó la congresista republicana.
En ese contexto, lamentó que muchos legisladores estadounidenses "tengan la idea incorrecta, por la prensa", de que se han producido cambios en Cuba.
A juicio de la legisladora, Tamayo les puede dejar claro que "nada ha cambiado, que no hay reformas (...) y que la dictadura castrista lo único que quiere es terminar con la disidencia" en la isla.
La mujer y otros doce familiares llegaron a Miami el pasado 9 de junio con las cenizas del disidente Zapata Tamayo en un cofre arropado con la bandera de Cuba. A su llegada, aseguraron que continuarán desde el exilio su lucha contra el régimen castrista.
En la reunión Ros-Lehtinen ofreció a Tamayo, quien ha sufrido en Cuba actos de represión y hostigamiento, su "firme apoyo" en la denuncia de la "crueldad de los hermanos Castro, que no tiene fin en sus castigos a la disidencia".
Tamayo es una "voz clara en favor de la libertad y la democracia" en la isla, subrayó la madre del disidente fallecido.
El albañil Zapata Tamayo, uno de los 75 disidentes condenados en la primavera de 2003 a penas de hasta 28 años de cárcel, murió el 23 de febrero de 2010 en un hospital de La Habana como consecuencia de una huelga de hambre de 85 días que realizó.
Numerosas voces, incluidas las de la disidencia interna y organizaciones opositoras en el exterior, culparon al régimen castrista de la muerte de Zapata, por el abandono criminal en que estuvo y las torturas a que le sometieron.
La disidencia aseguró que fue la privación de agua durante 18 días a que le sometió el régimen lo que agravó su estado de salud y le causó daños irreversibles en un riñón.