El Gobierno británico presentó hoy ante el Parlamento su polémico proyecto de ley para la reforma de la seguridad social en Inglaterra, que trasladará el control del presupuesto sanitario a los médicos de cabecera.

En una comparecencia en la Cámara de los Comunes, el ministro de Sanidad, el conservador Andrew Lansley, afirmó que "modernizar" el servicio nacional de salud (NHS, en sus siglas en inglés) era "una necesidad, no una opción", y que los cambios propuestos eran cruciales para garantizar un mejor servicio en el futuro.

Pese a las críticas de la oposición laborista, los sindicatos y numerosos colegios profesionales, que temen una comercialización progresiva del sistema, el Gobierno conservador-liberaldemócrata insiste en que las medidas mejorarán los estándares de atención y la transparencia, al tiempo que se reducirá la burocracia.

El proyecto de ley de salud y asistencia social establece que el presupuesto de sanidad, cifrado en unos 100.000 millones de libras anuales (118.000 millones de euros), dejará de ser gestionado por las autoridades sanitarias locales para quedar en un 80% bajo el control de consorcios de médicos de cabecera, que se ocuparán de contratar servicios hospitalarios y tratamientos para los pacientes.

Este traspaso de competencias significará que, antes de la entrada en vigor de la ley en el 2013, se eliminarán en Inglaterra (el resto de las regiones del Reino Unido tienen sistemas sanitarios independientes) 152 centros de atención primaria y 10 autoridades sanitarias estratégicas -con el consiguiente despido de unos 25.000 empleado- que actualmente se ocupan de gestionar los recursos.

De acuerdo con el proyecto legal, la gestión de los médicos estará supervisada por una comisión específica y varios consejos de "salud y bienestar".

Según Lansley, las reformas supondrán un ahorro de más de 5.000 millones de libras (6.000 millones de euros) para el 2014-15, y de 1.700 millones anuales a partir de entonces, frente a los 1.400 millones que costará aplicar el nuevo sistema.

Los partidarios de la reforma argumentan que los médicos de cabecera están mejor posicionados que las autoridades para contratar servicios acorde con las necesidades de sus pacientes, pero los críticos, entre ellos muchos facultativos, sostienen que no todos los médicos sabrán o querrán asumir responsabilidades financieras.

Un portavoz del colegio de psiquiatras, Laurence Mynors-Wallis, dijo, a modo de ejemplo, que en algunas áreas los médicos de familia no tendrían la experiencia necesaria para contratar servicios psiquiátricos adecuados.

"Existe el peligro de que, con el nuevo sistema, los servicios vayan al proveedor más barato en detrimento de la calidad", afirmó.

Peter Carter, del colegio de enfermería, dijo que el programa de reformas "podría descarrilar, al centrarse la gente más en ahorrar dinero que en facilitar asistencia sanitaria de calidad".

Durante la sesión parlamentaria, el líder del Partido Laborista, Ed Miliband, acusó al primer ministro, David Cameron, de "arrogante" por haber desoído las advertencias de los profesionales del sector, que, en general, han criticado la magnitud y rapidez de los cambios.

Por su parte, Cameron insistió en que el objetivo de estas reformas es asegurarse de que se obtiene una buena relación "calidad-precio" e impulsar "la mejor seguridad social de Europa".