El Tribunal Constitucional italiano abordará mañana el debate sobre la ley del legítimo impedimento, a la que se ha acogido en varias ocasiones el primer ministro, Silvio Berlusconi, para no declarar en los juicios que tiene pendientes.

Los quince magistrados que componen el Alto Tribunal se reunirán este martes en audiencia pública y analizarán esta norma que permite a Berlusconi y sus ministros ausentarse de los procesos alegando problemas de agenda por "compromisos oficiales".

La decisión del Alto Tribunal se espera para el próximo jueves, según los medios de comunicación italianos, y llega en un momento crítico para el Gobierno Berlusconi, que el pasado 14 de diciembre superó con un margen de tan sólo tres parlamentarios una moción de censura presentada por la oposición en la Cámara de los Diputados.

En caso de que el Constitucional convalidara la ley, Berlusconi y sus ministros podrían continuar aplazando sus procesos alegando "legítimo impedimento" para no acudir a las vistas, mientras que en el caso de invalidación de la norma los juicios en los que está imputado el jefe del Gobierno podrían ser retomados.

La intervención del Constitucional fue solicitada por los Tribunales encargados de juzgar al mandatario en los conocidos como "caso Mills" y "caso Mediaset", en los que Berlusconi está acusado de corrupción en acto judicial y fraude fiscal, respectivamente.

En ambos procesos, los abogados de Berlusconi se acogieron al "legítimo impedimento" para suspender las vistas en las que estaba previsto que el mandatario acudiera a testificar.

Así, el pasado abril los jueces pidieron que el Alto Tribunal se pronunciara sobre la posibilidad de que la norma viole la Carta Magna y ambos procesos quedaron suspendidos a la espera del dictamen.

También se suspendió la audiencia preliminar en la que se iba a decidir si se enviaba a juicio al jefe del Ejecutivo italiano por apropiación indebida y fraude fiscal en el "caso Mediatrade" y en la que Berlusconi se acogió al "legítimo impedimento" para no acudir.

Esta es la segunda vez desde abril de 2008, cuando se inició esta legislatura, que el Constitucional italiano es llamado a pronunciarse sobre una ley que afecta a los juicios en los que se ha visto implicado Berlusconi.

En octubre de 2009 el Alto Tribunal invalidó el conocido como "Lodo Alfano", que otorgaba inmunidad a los cuatro mayores cargos del Estado y que había permitido la suspensión de los procesos contra Berlusconi.

Tras la invalidación del Constitucional, el Gobierno concibió la norma del legítimo impedimento, con una duración de 18 meses, como un paso intermedio hasta una nueva formulación del "Lodo Alfano", incluyendo pequeñas modificaciones que cumplieran con los requisitos exigidos por el Alto Tribunal y que se encuentra actualmente en tramitación parlamentaria.