El colectivo de aprobados sin plaza, alrededor de 1.500, se moviliza contra el acuerdo que sólo permite actualizar las listas de docentes interinos y sustitutos cada cuatro años y que prima el criterio de antigüedad. Han trasladado su situación al Diputado del Común y al Defensor del Pueblo y estudian acudir a la Justicia.
