El enredo del alquiler vacacional obliga al Parlamento a posponer, por segunda vez, su regulación. La Junta de Portavoces decidió ayer retrasar para el final de la legislatura la ordenación de esta modalidad de oferta turística a través de una modificación concreta de la Ley de Renovación y Modernización Turística de 2013 al carecer del dictamen del Consejo Consultivo solicitado hace una semana. Cerca de una veintena de asociaciones y federaciones, entre las que se incluye la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas (FEHT), han suscrito una declaración conjunta en contra del proyecto de ley al entender que se atenta contra la libertad de mercado y que se debe lograr el mayor consenso político, social y empresarial en esta materia.
El frente común armado en contra de la proposición de ley, que incluye a tres asociaciones peninsulares y a una estatal, considera que la norma -que a priori cuenta con el beneplácito de todos los grupos salvo Podemos y PP- incorpora medidas "restrictivas e injustificadas" en relación a la vivienda vacacional. La Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (Ascav), que encabeza el rechazo contra esta regulación "in extremis", cree que con "nocturnidad y alevosía" -en referencia al escaso tiempo que resta para el fin de la legislatura y la falta de diálogo con el sector- se pretende aprobar "el mayor atentado contra los pequeños propietarios y gestores de viviendas vacacionales y apartamentos del Archipiélago con sanciones de hasta 300.000 euros".
Los grupos parlamentarios prefieren ahora esperar al informe del Consultivo, que no tiene carácter vinculante pero sí preceptivo, antes de adoptar su posición final sobre una norma que impedirá, por ejemplo, el alquiler por habitaciones ("bed and breakfast") al definir como vivienda vacacional aquella que se cede "en su totalidad".
"Categoría de excepción"
La FEHT tiene claro que el actual proyecto de ley instaura "inconstitucionalmente" como "norma general" la prohibición al alquiler vacacional, mientras que la admisibilidad de dicha actividad queda relegada a "categoría de excepción a regular en el futuro" a través del planeamiento insular u ordenanzas municipales. El vocal de la junta directiva de la federación y a su vez director general de Hoteles Cordial, Nicolás Villalobos, exige al Parlamento "responsabilidad y sentido" a la vez que critica que el proyecto de ley, que se tratará finalmente la próxima semana en el último pleno de esta legislatura, es "inoportuno".
El presidente de Cecapyme, José Juan Socas, se posiciona en la misma línea. Socas subraya que es fundamental buscar el consenso social y empresarial y no regular una actividad que tiene una afectación importante en la economía canaria "sin previo aviso" y "con prisas". "Lo más grave es el daño que puede causar a familias o pequeñas y medias empresas que viven del sector de la vivienda vacacional. Nunca valoramos todo lo que está alrededor de una medida", apostilla. La presidenta de Fedeco, Concepción Cotino, también apuesta por echar por tierra esta modificación al entender que perjudica a numerosas familias que cuentan con los ingresos que logran de esa actividad.
Además de la FEHT, Cecapyme y Fedeco, también han firmado la crítica declaración conjunta que la Ascav entregó hace dos días a los grupos parlamentarios el Cluster de Construcción, Equipamiento y Servicios de Canarias (Conescan); la Federación de Viviendas Turísticas (Fevitur), la Asociación Empresarial Canaria de Alquiler de Vehículos sin Conductor (Aecav); la Asociación Valenciana de Alquiler de Estancias Cortas (Avaec), la Asociación de Empresarios Hoteleros de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura (AEH) o el Colegio de Administradores de Fincas de Las Palmas.
La Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro (Ashotel) se ha desmarcado de este frente común. De momento, indican desde la organización, no tienen opinión sobre la regulación que se recoge en el proyecto de ley porque están a la espera de conocer el sentido del informe del Consejo Consultivo.