El nuevo Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias mantiene zonas de sombra que generan "dudas". Entre ellas, el momento de entrada en vigor de las restricciones introducidas para destinar al alquiler vacacional el capital acumulado en la Reserva para Inversiones (RIC). Así lo sostuvo ayer el asesor fiscal Orlando Luján durante las jornadas organizadas por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD), con el análisis de las mejoras del REF y el Estatuto de Autonomía alcanzadas en el tramo final del año pasado como tema central.

"Lo que no está claro en la norma acaba muchas veces en los tribunales, con soluciones a largo plazo y malas para todas las partes", explicó Luján, quien a pesar de echar en falta el sellado de todas las fisuras, señaló que los hitos alcanzados suponen "un salto importante". Entre esas grietas que quedan abiertas, el experto en fiscalidad canaria incluyó el momento en que se consideran operativas las nuevas trabas contempladas en la norma a la hora de dotar RIC para adquirir pisos turísticos. Lo mismo sucede con las compras de hoteles o edificios de apartamentos con el fin de rehabilitarlos. "Ahora está más claro" en qué casos puede afrontarse la inversión con la RIC, "pero no desde cuándo se puede aplicar. ¿Me vale para las dotaciones que hice en 2016 y 2017 o solo para las que haga en el futuro?", expuso Orlando Luján.

Para el asesor fiscal, el espíritu de la norma contempla el efecto retroactivo, pero advirtió de que la Agencia Tributaria ha emitido recientemente una nota aclaratoria en la que detalla que algunas de las mejoras implementadas solo están disponibles a partir de este año. Dicho comunicado no alude a la RIC, pero esa ausencia puede entenderse como que tampoco en Hacienda "tienen del todo claro qué se puede aplicar y qué no. Si no, lo habrían puesto", señaló el experto. El problema se genera porque las empresas "tienen que tomar sus decisiones en junio o julio, no pueden esperar tres años", que es el tiempo que pasa hasta que la Administración comprueba la pulcritud de las operaciones. "Me temo que algún disgusto va a dar esto en los próximos tiempos", advirtió Luján.

Los consejeros canarios de Hacienda, Rosa Dávila, y Economía, Pedro Ortega, reconocieron que resta terreno por conquistar. No obstante, destacaron el avance logrado en un momento de elevada inestabilidad en la política nacional, con la moción de censura que situó a Pedro Sánchez (PSOE) como presidente español.

Incluso, Dávila puso en valor la habilidad desplegada para "colar casi con nocturnidad y alevosía". y a pesar de la reiterada oposición de Madrid, un método de cálculo del Arbitrio para la Importación y Entrega de Mercancías (AIEM) que consideró esencial para acabar con una "discriminación" que afectaba de manera importante al sector industrial canario.

La buena noticia es que Bruselas prorroga por dos años la vigencia de las medidas. Todos los incentivos se consideran ayudas de estado y como tal deben ser revisados a la finalización de cada periodo presupuestario. El último día del año próximo caduca el actual, pero la Comisión Europea (CE) también termina entonces la evaluación del plan de ayudas, por lo que decidió la semana pasada mantener el actual escenario dos ejercicios más. "Percibimos que hay voluntad de avanzar", expuso Ortega. Solo el AIEM está pendiente de entrar en esa carencia, si bien la Consejería de Hacienda ya ha lanzado la consulta para todos los incentivos fiscales.

Se funciona como si no existiera la prórroga, pero con la tranquilidad de tener cubierto hasta 2023. Por su parte, el secretario general de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), José Cristóbal García, se preguntó "cuál sería el nivel de pobreza o la renta disponible" sin un REF corrector de las desventajas que soporta el Archipiélago por su lejanía del continente.