La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha elaborado una serie de propuestas de cara a las elecciones generales del 28 de abril entre las que se encuentran el aumento de la edad de jubilación a medida que suba la esperanza de vida, rebajas en el Impuesto de Sociedades y en las cotizaciones empresariales, la supresión del Impuesto de Patrimonio y la reducción del Impuesto sobre Sucesiones, "que en la actualidad alcanza niveles confiscatorios en algunas comunidades autónomas".

Estas propuestas, aprobadas en la reunión que ha celebrado este miércoles la Junta Directiva de la organización empresarial, se han diseñado a partir de los cuatro "grandes riesgos" en clave nacional que detecta la CEOE: "la inestabilidad política, la falta de disciplina presupuestaria, el abandono del proceso de reformas estructurales y el quebrantamiento de la unidad de mercado".

Los empresarios advierten de que, si estos riesgos se materializan, la desaceleración económica podría acelerarse en España, por lo que recuerdan al próximo Gobierno que "tiene en sus manos la capacidad de reducir e incluso eliminar estos riesgos internos y revertir la desaceleración".

En este sentido, CEOE plantea cuatro grandes líneas de actuación, donde se engloban todas sus propuestas: garantizar la estabilidad política e institucional; intensificar el proceso de consolidación fiscal; continuar el proceso de reformas estructurales, y apostar por la unidad de mercado.

Así, los empresarios proponen que, después de las próximas elecciones generales, se impulse una nueva agenda de reformas estructurales y diversos pactos de Estado para afrontar los desafíos económicos a futuro.

En materia de Seguridad Social, la patronal propone revisar su financiación, separando claramente lo que es contributivo de lo que no lo es para que lo primero se financie con las cotizaciones de empresarios y trabajadores y segundo a través del Estado. Ello permitiría, alega, una rebaja del tipo de cotización a cargo del empresario.

La CEOE se queja de la que las cuotas empresariales a la Seguridad Social son "considerablemente superiores" a la media europea y suponen un impuesto sobre el empleo y la competitividad de las empresas, por lo que insta a rebajarlas.

También reclama una gestión eficiente y eficaz de las prestaciones, especialmente de la incapacidad temporal derivada de enfermedad común, y la puesta en marcha de reformas simultáneas en el sistema "en varios frentes", como la lucha contra el fraude en las cotizaciones y el aumento de la edad de jubilación a medida que lo haga la esperanza de vida.

Asimismo, apuesta por reformar el marco regulador de la previsión social complementaria, facilitando incentivos fiscales y una mayor transparencia y disponibilidad, y pide mejorar los mecanismos de seguimiento, control y evaluación del absentismo laboral.