El campo canario duda de que los ocho millones de euros con que los Presupuestos Generales del Estado de 2018 ayudan a rebajar la factura que los agricultores pagan por el agua de riego lleguen a tiempo. No entienden por qué el Gobierno de Pedro Sánchez (PSOE) ha sometido a información pública el borrador de real decreto que elaboró la semana pasada el Ministerio para la Transición Ecológica y les alarma que no se contemple el pago anticipado de las subvenciones, lo que acabaría por propiciar que el calendario electoral engulla unas sumas vitales para mantener la competitividad de su producción.
Aun así, ayer decidieron dar quince días más al Ejecutivo central y trasladar del 22 de marzo previsto al 5 de abril una movilización que, avanzaron, "será histórica. No somos desconfiados", señaló el presidente de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG-Canarias), Rafael Hernández.
El colectivo trasladó al secretario regional del PSOE en las Islas, Ángel Víctor Torres, su decisión de aplazar la movilización. "No nos cabe duda de que tanto él como Elena Máñez (delegada del Gobierno central en el Archipiélago) hacen todo lo que pueden, por la cuenta que les trae, pero el tiempo pasa y las dudas no se disipan", explicó Hernández.
Por su parte, el gerente del Consorcio de Regantes del Noroeste de Gran Canaria, Julián Melián, expuso la sorpresa que causa entre los agricultores que el Gobierno de España haya sometido el borrador de real decreto a información pública. "La partida está en las cuentas estatales, que son ley y han pasado todos los trámites", apuntó. A ello añadió que la cuantía consignada en el presupuesto de 2017 se abonó sin obligación de cubrir ese paso.
Además, Melián subrayó que en el "copia y pega" que, en su opinión, supone el nuevo borrador con respecto al real decreto del año pasado se ha omitido la posibilidad de que los ocho millones de euros "lleguen de manera anticipada". Si no existe ese adelanto, "el Gobierno de Canarias no puede publicar la convocatoria de las ayudas, la intervención no se lo permitiría", subrayó Rafael Hernández. Por tanto, la única vía que restaría al Ejecutivo autónomo sería una "modificación de crédito" de las cuentas canarias que nunca llegaría antes de que termine la presente legislatura.
El que expusieron el viernes es solo el último capítulo de las dudas que han anidado desde diciembre entre los agricultores. Al final del pasado año dieron la voz de alarma. La aminoración de los sobrecostes que suponen la desalación y la extracción del agua de pozos y galerías para alimentar sus tierras se consolidaron en la negociación mantenida entre el Gobierno regional y el Partido Popular (PP) para la aprobación de los presupuestos estatales de 2018, cuando Mariano Rajoy era presidente y los dos votos nacionalistas canarios -uno de Coalición Canaria (CC) y otro de Nueva Canarias (NC)- resultaban decisivos en el Congreso de los Diputados.
Estos ochos millones de euros no son el único desencuentro que ambas administraciones han mantenido desde que prosperó la moción de censura interpuesta por los socialistas contra el Gobierno de los populares tras conocerse la sentencia del caso Gürtel, que confirmó comportamientos corruptos en el seno del PP.
No ha bastado la consagración vía ley de varios de los acuerdos firmados entre CC y NC, por una parte, y los populares, por la otra, para que automáticamente se activaran los mecanismos para garantizar que la partidas acordadas lleguen a Canarias.
Por el camino se aprobó, el pasado noviembre, el nuevo Régimen Económico y Fiscal (REF) canario y sobre ello incidió Rafael Hernández: "No es solo que los ochos millones de euros para riego agrícola estén en la ley de presupuestos, es que estas ayudas también están en el REF", expuso y lamentó que los agricultores se vean en la tesitura de "exigir" a los políticos "que cumplan con las leyes que ellos mismos hacen; no tiene justificación".