Año tras año, la Diputación del Común llama la atención a las administraciones públicas sobre un mismo asunto, el cobro irregular de deudas tributarias o sanciones, sin que por el momento sus recomendaciones hayan surtido efecto. En su informe anual correspondiente a 2018, el defensor del pueblo autonómico advierte de la "práctica extendida" de obviar el procedimiento de notificación a los contribuyentes y recurrir en su lugar a la publicación de la deuda en diarios oficiales, "generalmente no consultados" por la ciudadanía, de manera que el afectado se encuentra luego con que sus cuentas o su sueldo han sido embargados.

La situación se produce con los procedimientos sancionadores y de liquidaciones tributarias, tanto en vía voluntaria como de apremio. Las administraciones públicas no notifican la deuda al ciudadano en su domicilio o no realizan "la comprobación telemática pertinente" para averiguar su dirección correcta, y proceden directamente a la publicación en boletines o diarios oficiales, cuando este debería ser "el último paso", señala la institución al frente de la cual figura Rafael Yanes.

"Con la intervención de esta institución y comprobado, en su caso, el mal funcionamiento de la actuación administrativa, se retrotrae el procedimiento a su inicio, momento en el que la Administración debe hacer la primera notificación al contribuyente o sujeto pasivo, permitiéndole la posibilidad de defenderse", añade en su informe la Diputación, que con estas actuaciones contribuyó a recuperar 133.000 euros mal cobrados a los ciudadanos en 2018 y 155.000 el año anterior.

En su informe, el órgano encargado de velar por los derechos de los ciudadanos y supervisar el funcionamiento de las administraciones públicas canarias destaca que el área de economía y hacienda es evaluada con "especial interés", puesto que "afecta directamente a la economía de las personas y, en la mayoría de los casos, a las más vulnerables". En este sentido, señala que los ciudadanos se enfrentan, "de manera inesperada", a una merma de sus recursos económicos al verse obligados a hacer frente a "tributos o sanciones indebidas y con absoluto desconocimiento del motivo por la que se les impone".

LAS CLAVES

Sin notificación. El problema empieza cuando las administraciones no realizan la notificación en el domicilio del contribuyente o no hacen gestiones para averiguar este.

Diarios oficiales. Por ello, recurren a la publicación en diarios oficiales -que debería ser el último paso-, generalmente no conocidos por el ciudadano.

Si la mala práctica que supone saltarse el procedimiento de notificación a los ciudadanos que tienen deudas con la administración sigue siendo motivo de censura por la Diputación del Común, la institución celebra que al menos se haya reducido el número de quejas por el embargo de "cuentas inembargables".

El defensor del pueblo canario recuerda que las cuentas cuyos saldos "se corresponden con ingresos percibidos a través de prestaciones, necesarios e imprescindibles para la atención social y la vida diaria", no pueden ser embargadas. Sin embargo, informes anteriores revelaban que estas situaciones se producían con cierta frecuencia.

"Nos congratulamos con el resultado que se obtiene con la intervención de esta Institución, al ver que las Administraciones revisan el acto administrativo y acuerdan la devolución", indica la institución encabezada por Rafael Yanes en su último informe al Parlamento . No obstante, la Diputación del Común advierte de que "la línea debe ir dirigida a evitar estas prácticas y realizar las actuaciones previas suficientes en aras de evitar perjuicios a los ciudadanos entre el momento en que se les embarga el único dinero del que disponen para vivir y el momento en el que se procede a su devolución".

En materia de reclamaciones por cobros irregulares, el 70% de las actuaciones del órgano termina con resultados positivos para los ciudadanos.