El Pleno del Parlamento regional votará en las próximas semanas la reforma de la Ley de Pesca de Canarias, que introduce la posibilidad de que los pescadores obtengan ingresos complementarios mediante actividades relacionadas con el turismo. Para no desvirtuar la iniciativa, la norma establece limitaciones a las embarcaciones autorizadas, que llevarán un máximo de doce pasajeros -además de los propios pescadores- y no podrán superar los 31 metros de eslora.

La Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas de la Cámara aprobó ayer el dictamen de la ponencia que ha debatido la revisión de la ley, algunos de cuyos aspectos más relevantes quedarán a expensas de su desarrollo reglamentario. Es el caso de los topes a los ingresos que podrán percibir los pescadores por su actividad turística. La intención de los grupos parlamentarios promotores de la proposición de ley -y de Podemos, que en principio la rechazaba aunque ha terminado sumándose- es garantizar que estas rentas sean realmente complementarias. En algunos momentos del trabajo de la ponencia se ha barajado que puedan suponer hasta un 40% del total de los ingresos de estos profesionales.

"El objetivo de la reforma es ayudar a mantener el sector pesquero e involucrarlo en el turismo, del que estaba marginado", expuso ayer la diputada socialista Rosa Bella Cabrera, quien en 2017 impulsó una iniciativa parlamentaria para regular la pesca turística que finalmente se ha canalizado a través de la proposición de ley que -firmada por CC-PNC, Partido Popular, Nueva Canarias, Agrupación Socialista Gomera y el propio PSOE- ayer recibió el visto bueno de la comisión.

Las modificaciones en la Ley de Pesca de 2003 incorporan tres conceptos que unen la actividad pesquera y la turística: la pesca-turismo (realizada en embarcaciones pesqueras para difundir su labor en el medio marino, productos pesqueros, patrimonio y cultura entre los visitantes), turismo acuícola (en instalaciones de acuicultura) y turismo marinero (realizada en la costa o a bordo de barcos para divulgar las actividades y productos del medio marino, su patrimonio y su cultura).

Cabrera destaca que la discusión parlamentaria ha permitido limar algunos aspectos inicialmente contemplados en la iniciativa, como la posibilidad de que los pescadores firmaran convenios con operadores turísticos y otro tipo de empresas, algo que "no tenía nada que ver" con el espíritu de la reforma.

Los cambios introducidos en la ley supondrán que los pescadores interesados en sumarse a la actividad turística complementaria tengan que adaptar sus embarcaciones para cumplir la normativa de seguridad, una obligación recogida en el texto, al igual que un detallado régimen sancionador, que prevé multas que oscilan entre los 60 y los 300.000 euros.

El consenso en la comisión no fue completo, puesto que fue rechazada una enmienda transaccional del PP que proponía incluir el avistamiento de cetáceos. CC-PNC y PSOE opinan que, aunque esta regulación es necesaria, no ha sido suficientemente acordada con el sector.