Los permisos de paternidad y maternidad serán iguales e intransferibles a partir de 2021, según el decreto ley aprobado ayer, que amplía de forma progresiva el de los padres hasta las 16 semanas e incentiva el disfrute igualitario de ambos.

El Consejo de Ministros dio luz verde a un decreto de medidas urgentes para garantizar la igualdad de trato entre mujeres y hombres en el empleo, que también impone a medianas y grandes empresas la obligación de aplicar planes de igualdad y publicar las tablas salariales de sus trabajadores.

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, aseguró que el objetivo de esta ley es favorecer la corresponsabilidad y dejar de utilizar la maternidad como "un arma en contra del desarrollo laboral y ciudadano de la mujer", que "no puede seguir pechando de manera exclusiva" con la responsabilidad de los menores.

De esta forma, el permiso de paternidad pasará a ser de ocho semanas desde la entrada en vigor (prevista para el próximo martes) y aumentará a 12 semanas a partir del 1 de enero de 2020 y a 16 semanas desde el primer día de 2021, de manera que en tres años alcanzará la media que tienen los países de la Unión Europea (UE), dijo Calvo.

Este año, los padres deberán disfrutar dos semanas de permiso inmediatamente después del nacimiento o adopción y las seis restantes las podrán distribuir hasta que el hijo cumpla un año, en tanto que en 2020, el primer periodo será de cuatro semanas y las ocho restantes se repartirán a lo largo del año.

En 2021, se equipara plenamente con la maternidad, convirtiéndose ambos en permisos por nacimiento (que incluye parto o adopción y cuidado del menor), de forma que ambos deberán cogerse seis semanas inmediatamente después del nacimiento y podrán repartir las 10 restantes durante un año.

UGT valoró ayer el paso que supone este decreto, aunque considera insuficientes las medidas, mientras que CCOO criticó al Gobierno por no haber realizado "una verdadera negociación" y le reprocha tratar de aprovechar la oportunidad ante la cercanía del 8 de marzo.

El decreto ley contempla también la recuperación de las cotizaciones sociales para los cuidadores de personas dependientes, principalmente mujeres, que correrán a cargo del Estado aunque serán abonadas por la Seguridad Social. El coste de esta medida y de la ampliación del permiso de paternidad será de unos 610 millones de euros.