La Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, la empresa pública Visocan y la entidad Cajasiete firmaron ayer un acuerdo para la cesión de 13 viviendas para alquiler social. "Con la firma de este convenio se amplia la oferta de viviendas en régimen de alquiler que el Gobierno pone a disposición de aquellas familias en situación actual de emergencia habitacional que pueda venir derivada de una situación de desahucio o desalojo inminente", afirmó en el acto la consejera Cristina Valido.

El objeto de este acuerdo es la cesión en usufructo a Visocan de 13 viviendas, a efectos de fomentar el alquiler de viviendas a favor de personas en riesgo de exclusión social y/o riesgo inminente de pérdida de vivienda, por imposibilidad de hacer frente a las mensualidades del alquiler o hipoteca, y se hayan agotado infructuosamente los procedimientos habituales de negociación de la deuda contraída.

El acuerdo establece que las viviendas vacías propuestas -un total de siete- para su cesión deberán reunir las condiciones de habitabilidad para su inmediato uso, así como la documentación administrativa que sea necesaria, mientras que las ocupadas propuestas -en este caso seis- para su cesión de uso serán revisadas por Visocan antes de ser cedidas por Cajasiete, para determinar la situación social de los ocupantes y la posibilidad de regularizar su situación.

Este acuerdo se suma a la publicación del Ejecutivo canario del concurso para la adquisición, en régimen de compraventa de 180 viviendas, destinadas a facilitar, en casos de urgencia, un recurso habitacional temporal a familias en situaciones excepcionales de exclusión. Para ello, se cuenta con un presupuesto máximo de adquisición de 11.631.260 euros.

Las viviendas deberán estar ubicadas en las áreas metropolitanas de Gran Canaria y Tenerife, es decir, en La Laguna, Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria y Telde; así como en La Palma, Fuerteventura y Lanzarote, que son las localizaciones que concentran la mayor demanda.

Durante los dos últimos años, el Ejecutivo canario ha venido desarrollando el programa de ayuda a las personas en situación de vulnerabilidad denominado "Canarias+ViviendasXFamilias (C+VxF)", mediante el cual se presta asesoramiento y mediación a quienes se encuentren en situación de riesgo habitacional, desahucios, desalojos y otras circunstancias en las que exista un alto riesgo de que personas físicas o unidades de convivencia queden en exclusión residencial. De esta forma, a través del Instituto Canario de la Vivienda (Icavi) se han paralizado 436 lanzamientos judiciales (de las cuales, 282 han sido en 2018) por desahucios y se ha buscado soluciones para las familias afectadas en recursos habitaciones temporales, a través del mencionado programa "Canarias+ViviendasXFamilias (C+VxF)".

La vigencia del convenio establecido con Cajasiete es de cinco años desde la fecha de su firma. El mismo se entenderá prorrogado tácitamente por plazos anuales.