El juez José de la Mata interroga este jueves a dos fundadores de Idental y a otros 12 detenidos por su presunta implicación en un fraude de 60 millones de euros a través de la captación de fondos de inversores nacionales y extranjeros con la aparente intención de reflotar empresas.

Las detenciones se produjeron el pasado martes en Madrid, A Coruña, Alicante, Murcia, Granada y Girona, en una operación policial dirigida por el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, del que es titular De la Mata.

El juez les imputa los delitos de administración fraudulenta, pertenencia a organización criminal, estafa continuada, apropiación indebida, alzamiento de bienes, falsedad documental y blanqueo de capitales.

Se trata de una investigación en el marco de la causa sobre el fraude de Idental que ha llevado a la detención de dos de sus fundadores, de los que uno se encontraba en el Reino Unido, donde tenía la intención de implantar clínicas odontológicas.

Las pesquisas llevaron a comprobar que habían creado una estructura societaria para captar fondos de inversores internacionales y entidades de crédito españolas con los que adquirir empresas en problemas con el falso interés de reflotarlas.

Sin embargo, en realidad las descapitalizaban y desviaban el dinero hacia otras sociedades bajo su control, estafando así a inversores, trabajadores, proveedores y clientes.

Se calcula que el fraude podría ascender a 60 millones de euros y los investigadores creen que en algunos casos los detenidos contaban también con la connivencia de empleados de entidades de crédito, que eran los encargados de conceder los préstamos para realizar las inversiones.

Al mismo tiempo se hacía uso de testaferros, sociedades pantalla y cuentas puente, controladas por la organización, para progresivamente descapitalizar las empresas y ocultar el destino final del dinero estafado.

En el caso de Idental también se conseguían fondos para el enriquecimiento personal mediante el engaño a los pacientes, a quienes se les hacía contratar préstamos para la financiación de tratamientos dentales con supuestos descuentos, que podían alcanzar el 80 por ciento de un presupuesto inflado a base de supuestas subvenciones que en realidad no existían.

Pretendían, por tanto, obtener la mayor cantidad posible de dinero en efectivo, sin importarles los métodos y a sabiendas de que no se iban a completar los tratamientos y de que la calidad del material odontológico era muy deficiente.