El Gobierno y las asociaciones de autónomos han firmado hoy el acuerdo alcanzado para subir un 1,25 % la base mínima de cotización de los autónomos a partir de 2019 y para elevar al 30 % el tipo de cotización, a cambio de mejorar la protección social del colectivo.

La ministra de Trabajo Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, ha asegurado durante la presentación del acuerdo -firmado con los responsables de las organizaciones ATA, UPTA, Uatae y CEAT- que este pacto culminará con la aprobación el viernes en el Consejo de Ministros de un decreto ley que asegure tanto la subida de cotizaciones como la ampliación de derechos de los autónomos.

El acuerdo alcanzado prevé una subida del 1,25 % de la base mínima de cotización en 2019, hasta los 944,35 euros al mes (1.214,08 euros en el caso de los autónomos societarios), de manera que, con un tipo del 30 %, la cuota mensual ascenderá a 283,3 euros al mes, 5,36 euros más que en la actualidad (6,89 euros más para los societarios).

De esta forma, los autónomos cotizarán obligatoriamente además de por contingencias comunes, por las profesionales, cese de actividad y formación.

El acuerdo prevé aumentar progresivamente el tipo de cotización durante los próximos cuatro años, de tal forma que se situará en el 30 % en 2019, el 30,3 % en 2020, en el 30,6 % en 2021, y en el 31 % en 2022.

A cambio de estos incrementos en las cotizaciones, los autónomos tendrán derecho a cobrar el conocido como "paro de los autónomos", así como a una cobertura por riesgo profesional, una mejora de las prestaciones por incapacidad temporal por enfermedad, avances en la conciliación y en la protección de las autónomas ante la maternidad y a la formación continua.

Concretamente, el pacto entre Gobierno y asociaciones contempla una mejora del acceso, una flexibilización de las condiciones y una ampliación de la duración de la prestación por cese de actividad, el equivalente al paro, que pasa de 12 a 24 meses.

Valerio ha explicado que la prestación por cese de actividad que gestionan las Mutuas de Trabajo será concedida e informada por una comisión en la que participarán un representante de la mutua, otro de la asociación de autónomos que la solicite y otro representante de la Seguridad Social y que tendrá un criterio que será preceptivo y vinculante.

Entre las mejoras sociales, se ha establecido que los autónomos tendrán derecho a cobrar la prestación por accidente de trabajo o enfermedad profesional desde el primer día de baja y que el colectivo tendrá derecho a acceder a la formación continua profesional.

Además, los autónomos no pagarán la cuota de Seguridad Social a partir del segundo mes de baja por enfermedad o incapacidad temporal hasta el momento del alta.

Otro punto del acuerdo asegura a las autónomas que, dentro de los 24 meses posteriores a la prestación de baja por maternidad, podrán obtener una tarifa plana de 60 euros durante 12 meses sin necesidad de cesar previamente en su actividad.

Además, el acuerdo propone aumentar la tarifa plana para los autónomos que inician su actividad a 60 euros de cotización al RETA, que incluirá la cobertura por contingencias comunes, profesionales y cese de actividad.

Valerio ha destacado que con este pacto los autónomos que tengan una discapacidad sobrevenida durante su actividad, de más del 33 %, podrán acceder al marco de incentivos que tiene el colectivo.

Con todas estas medidas del acuerdo, la ministra ha asegurado que España se incorpora al grupo de países con mayor cobertura y protección de los autónomos, junto con Luxemburgo.

Valerio ha remarcado que a este acuerdo se ha llegado de manera "provisional" ante el impacto que iba a tener en la base mínima de cotización la subida del 22 % del salario mínimo interprofesional (SMI) y ha recalcado que hay un compromiso en el marco del Diálogo Social para que en 2019 se implante un sistema de cotización según los ingresos reales.

A este respecto, ha apuntado que para el 31 de enero el Ministerio espera tener los primeros datos de ingresos de autónomos que se obtendrán a partir del cruce de información entre la Agencia Tributaria y la Tesorería General de la Seguridad Social, para avanzar así en el establecimiento del nuevo sistema a lo largo de 2019.