El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un real decreto ley por el que faculta a las comunidades autónomas y los ayuntamientos a regular la actividad de los vehículos de alquiler con conductor (VTC) con un régimen transitorio de cuatro años para que adapten la legislación.

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha explicado al término del Consejo de Ministros que esta moratoria permite a las VTC seguir operando cuatro años más en el ámbito urbano como hasta ahora.

La norma indica explícitamente que se trata de un plazo "suficiente para compensar los perjuicios que pueda ocasionar a los titulares" de las VTC otorgadas con arreglo a la normativa anterior y que puedan ser anuladas para respetar el ratio legal de 1/30 (una VTC por cada 30 de taxis).

No obstante, el real decreto ley admite que, en determinados casos debidamente justificados, pueda ampliarse dicho plazo de 4 años para recuperar la inversión a las VTC que lo soliciten, si no pueden acceder a una segunda autorización en el ámbito urbano.

Ábalos ha señalado que taxi y VTC "se van a quejar" por este periodo transitorio que incluye la norma y ha precisado que "a algunos les parecerá muy poco tiempo y a otros, un mundo". Ha añadido que esa queja generalizada "evidencia que se ha actuado con la mayor objetividad y racionalidad".

El sector de las VTC, que actualmente presenta una proporción aproximada con el taxi de 1/6, logrará en los próximos meses una oleada de unas 9.000 nuevas licencias en el mercado por resoluciones de procesos judiciales pendientes.

Ábalos ya apuntó en una comparecencia en el Congreso que esta oleada de nuevas licencias VTC resituará la proporcionalidad VTC-taxi en 1-3 en el ámbito nacional "sin cumplir ni de lejos" la proporción 1-30 de la normativa.

El titular de Fomento ha explicado que el taxi y las VTC se han convertido en dos servicios de transporte que operan en un mismo ámbito, pero con una fuente de regulación distinta.

A su juicio, las VTC "han crecido con la aparición de las plataformas", como Cabify o Uber, y ha opinado que este crecimiento "ha producido un conflicto con el taxi".

Ábalos ha resumido que la nueva normativa "pretende ajustar un espacio de actividad como el de las VTC al correspondiente nivel regulador, que es el urbano, y que debe regularse como el resto de transportes urbanos".

Ha justificado la habilitación para regular las VTC a las comunidades autónomas y administraciones locales por ser "las instancias más próximas al problema".

El real decreto indica también que en el plazo de seis meses desde su entrada en vigor, el Gobierno presentará a las Cortes Generales un proyecto de ley de modificación del régimen de infracciones y sanciones, cuya cuantía podrá aumentar para las VTC que infrinjan sus limitaciones.

El real decreto ley aprobado hoy será remitido al Congreso para su convalidación en el plazo de un mes.

VTC: "Un decreto lío"

Unauto VTC, la patronal de los vehículos de alquiler con conductor (VTC) que agrupa a plataformas como Cabify o Uber, ha considerado que el Gobierno propone "un decreto lío" para regular su actividad y advierte de que la norma "sembrará inseguridad jurídica".

Unauto opina en una nota difundida tras la aprobación por parte del Consejo de Ministros del real decreto ley sobre VTC que la nueva norma "potenciará un problema y lo multiplicará por diecisiete" autonomías.

La asociación de VTC, que asegura que representa al 90 % del sector, considera que la norma "cede claramente al chantaje" del taxi y lamenta que no se hayan tenido en cuenta a las 15.000 familias "que pueden quedarse sin empleo" por esta medida.

La patronal cree que la habilitación de un periodo transitorio de cuatro años para que las comunidades autónomas y ayuntamientos adapten la legislación "sembrará de inseguridad jurídica a los autónomos y trabajadores de VTC" en España.

Considera "inaceptable que en un Estado de derecho se regule en contra del interés general, a espaldas de los sectores afectados y de las comunidades autónomas solo para favorecer a un sector que parece va a conseguir sus objetivos mediante el chantaje al Gobierno".

Unauto VTC se queja también de que el Gobierno ha optado por "imponer un decreto por la vía de urgencia y no por abrir un diálogo que ponga al ciudadano en el centro de la ecuación y busque lograr un modelo progresista e inclusivo de movilidad".

Añade que mientras "casi toda Europa camina hacia el futuro, abriendo sus mercados y modernizándose, España va hacia atrás, poniendo leyes restrictivas de movilidad y coartando la libertad de elección de los ciudadanos".

La patronal asegura que "seguirá abierta" a conversar con las administraciones públicas "porque en el siglo XXI el mercado de la movilidad permite que haya espacio para las diversas alternativas existentes".