El responsable de análisis macroeconómico de BBVA Research, Rafael Doménech, ha cifrado en 40.000 millones de euros el coste acumulado para la próxima década de subir las pensiones el 1,6 % en 2018 y conforme a la inflación en 2019, conforme a lo pactado por el Gobierno y el PNV.
Según los cálculos del economista, esto supondrá un gasto adicional de 1.600 millones este año y de 3.200 millones el año que viene, de acuerdo con sus previsiones de inflación para 2019 que sitúa también en el entorno del 1,6 %.
Utilizando la esperanza de vida media de los pensionistas que están ahora en el sistema (10-11 años), el coste acumulado de estas subidas sería de alrededor de 40.000 millones.
Durante su intervención hoy en el III Encuentro sobre Economía Laboral organizado por el Consejo General de Economistas, Doménech ha propuesto ir hacia un sistema de cuentas nocionales, por el que cada pensionista va cotizando a un fondo personal al que se sumaría el rendimiento neto de ese dinero acumulado por cada trabajador.
En este sistema, similar al implantado en Suecia, se blindaría una pensión mínima que se revalorizaría con la inflación subyacente (sin contar productos energéticos y alimentos frescos) y un complemento a la productividad del trabajador.
Según los cálculos de BBVA Research, el número de pensionistas previstos para 2050 es de 15 millones, lo que hace necesarios 28,5 millones de cotizantes para atenderlos, una situación ante la que ve dos soluciones, o crece el empleo y la productividad o aumenta la presión fiscal.
Para absorber el gasto asociado al aumento del número de pensionistas, el tipo efectivo de la cotización a la Seguridad Social tendría que subir del 21,4 % al 30,7 %.
Además, Doménech ha abogado por no derogar las reformas de 2011 y 2013, por reducir la dualidad del mercado laboral y por aumentar el empleo y la productividad -y con ellos los salarios-.
Asimismo, ha apostado por la convergencia de los regímenes especiales en el régimen general, por compatibilizar pensión y trabajo al 100 %, por una edad de jubilación flexible por encima de un mínimo creciente, por adaptar las pensiones de supervivencia a los cambios sociales y por luchar contra el fraude.