La Comisión Europea estudiará las consecuencias para la flota europea después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea haya dictaminado mediante sentencia que el acuerdo pesquero entre la UE y Marruecos no es aplicable al Sáhara Occidental ni sus aguas adyacentes.

"Estamos intentando examinar la sentencia más de cerca para determinar las consecuencias y eventuales medidas a tomar, notablemente respecto a los operadores económicos", ha explicado en rueda de prensa la portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior, Catherine Ray.

"Seguimos determinados a negociar todos los instrumentos necesarios, evidentemente, respetando la sentencia del Tribunal de Justicia, que es independiente", ha precisado, insistiendo con todo en la necesidad de estudiar "de cerca" la sentencia para determinar "consecuencias eventuales y las próximas etapas".

Ray ha recordado que Marruecos es "un socio clave" para la Unión Europea, que da gran importancia al "partenariado durable" que han construido ambas partes a lo largo de muchos años y por ello la Unión cooperará "estrechamente" con las autoridades marroquíes tras conocerse la sentencia "como se ha hecho en el pasado" en el caso del acuerdo agrícola.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) ha dictaminado este martes que el acuerdo de pesca entre la UE y Marruecos es "válido" porque no es aplicable al Sáhara Occidental ni a las aguas adyacentes a este territorio, algo que sería contrario al principio de libre determinación recogido en el Derecho internacional.El dictamen subraya que el acuerdo únicamente es aplicable a las aguas bajo soberanía o jurisdicción de Marruecos, que están limitadas a las adyacentes a su territorio y comprendidas en su mar territorial o su zona económica exclusiva.

El protocolo de pesca entre la UE y Rabat entró en vigor en febrero de 2007 por un periodo de cuatro años y ha sido renovado en dos ocasiones, la última en 2013. Los gobiernos de la UE dieron la semana pasada ''luz verde'' a iniciar las negociaciones con Marruecos para renovar el acuerdo actual, que expira el 14 de julio de este año.

El acuerdo permite el acceso a aguas marroquíes a unas 120 embarcaciones comunitarias de once países de la UE y España es el Estado miembro más beneficiado. A cambio, el bloque comunitario paga a Rabat 30 millones de euros al año: 16 millones por el acceso a las aguas y 14 millones para apoyar el sector pesquero marroquí.