El número de trabajadores afectados por Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) en 2017 fue de 54.098 personas, 32.478 menos que el año anterior y la cifra más baja desde 2006, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

El número de trabajadores afectados por ERE acumula cinco años de descensos, después de alcanzar su segunda mayor cifra en 2012, con 483.313 afectados, si bien el máximo se contabilizó en 2009 con 583.049.

Con el dato de 2017, hay que remontarse al año 2006, para registrar 51.952 trabajadores implicados en un expediente de regulación de empleo.

De vuelta a los datos de 2017, el número de empresas que adoptaron medidas de regulación de empleo el año pasado fue de 2.597, 1.402 menos que en 2016.

Las empresas que aplicaron un ERE y los trabajadores afectados por estos procesos continuaron bajando el pasado año, una tendencia que siguieron también los trabajadores a los que se aplicó el despido colectivo, así como los afectados por suspensión de contrato y los que cuentan con reducción de jornada.

Dentro de las medidas específicas, el despido colectivo afectó el pasado año a 20.159 trabajadores, 4.189 menos que un año antes; la suspensión de contratos a 28.148 empleados, 25.510 menos; y la reducción de jornada, a 5.791, 2.779 menos.

El número total de procedimientos fue de 3.422, es decir, 1.975 menos que en 2016, mientras que los procedimientos finalizados con acuerdo representaron el 88,5 %, frente al 11,5 % que lo hizo sin acuerdo.

Por sección de actividad, es en la industria manufacturera donde se contabilizaron el mayor número de trabajadores afectados por ERE (23.473), muy por delante de otros sectores como el comercio o la hostelería, con cifras por debajo de las 5.200.

También en el caso concreto de los despidos colectivos, destaca la industria manufacturera, con 4.726, seguida del comercio al por mayor y por menor; reparación vehículos motor con 3.089, las actividades financieras y de seguros con 2.727, y la construcción con 1.616.

El número de trabajadores afectados por despidos colectivos, suspensión de contrato y reducción de jornada disminuyó en todas las comunidades autónomas salvo en Canarias, donde aumentó el 45 % (con 620 afectados más que en 2016.

Las mayores caídas de afectados se registraron en Aragón (8.601 menos), Cataluña (5.338), País Vasco (3.683), Galicia (3.356) y Comunidad Valenciana (3.055).